Calviño presentó en la sede del ministerio el libro ‘Sociedad digital y derecho’ (Editorial Boletín Oficial del Estado), coordinado por los catedráticos de Derecho Administrativo Tomás de la Quadra-Salcedo y José Luis Piñar, en el que medio centenar de expertos analizan cuestiones como la legislación en materia de protección de datos, las herramientas de defensa de privacidad de los ciudadanos o la incidencia de la robótica en el mercado laboral.

Según Calviño, no se puede elegir si estar o no en la revolución digital, “pero todavía quizá si podemos elegir cómo estar en ella”.

“Si además de una sociedad próspera queremos una sociedad justa, debemos reflexionar sobre las implicaciones que esta transformación tiene en ámbitos como la ética y los derechos de los ciudadanos; y tenemos que hacerlo con celeridad, no debemos dejarnos sobrepasar por todos estos avances y acabar viviendo en un mundo cuyas reglas no hemos decidido, sino que nos sean impuestas por la vía de los hechos consumados”, señaló la titular de Economía y Empresa.

Calviño se refirió al riesgo que suponen las nuevas tecnologías para la “privacidad” de las personas. “No pueden ser minimizados y exigen una acción pública y tener ciudadanos informados”, subrayó la ministra, quien dijo que en este ámbito el Gobierno ha aprobado una nueva ley de protección de datos que no solo reconoce “hasta 25 derechos de los ciudadanos en el mundo digital, sino que establece obligaciones al Gobierno para garantizar su efectividad”.

La ministra también advirtió del peligro de “exclusión” social que supone la transformación tecnológica. “Debemos velar por que el progreso no genere brechas que consoliden o incrementen la discriminación por género, raza, capacidades intelectuales o por dónde vivamos”, indicó. Calviño aludió en este terreno a las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros para ampliar la extensión territorial de la banda ancha.

A su juicio, la revolución tecnológica constituye una “oportunidad única” para construir “un nuevo paradigma económico y social en el que el ser humano vuelva a situarse en el centro”, pero hay que vigilar para “reducir al mínimo las brechas y tener derechos fundamentales protegidos”.