El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que subrayó que la CPI es el “máximo exponente” de la justicia universal y el “principal órgano para combatir la impunidad contra los crímenes más atroces”.

Apuntó que según lo establecido en el artículo 18 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los Tratados, “existe una obligación para los estados firmantes de una convención de abstenerse de realizar actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y fin de un tratado, incluso cuando dicho tratado no haya sido ratificado por el Estado firmante”.

Mostró su apoyo a “la legitimidad, independencia e imparcialidad de la Corte”, y especificó su “carácter complementario a las jurisdicciones penales nacionales, que tienen primacía formal para conocer de estos crímenes”.