El plazo marcado por el CTyBG para que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno informase sobre estos datos al solicitante, el asesor del Partido Popular Luis Salom, finalizó la semana pasada.

“Sánchez ha despreciado ya dos resoluciones del Consejo de Transparencia y la reiteración que el mismo Consejo le ha mandado, negándose a informar del coste del viaje al concierto de Benicassim y a informar del número de veces que se ha utilizado el Falcón por personal autorizado del Gobierno”, lamentó Salom en declaraciones a Servimedia. El militante del PP, además, dijo en relación al uso que hace Sánchez del Falcón que gasta con fondos públicos "sus caprichos personales".

Esta solicitud se suma a otras resoluciones del Consejo incumplidas por La Moncloa sobre informaciones similares. El Gobierno incumplió, por ejemplo, la resolución del Consejo de Transparencia que dictaba que debía informar a Servimedia del coste del viaje de Pedro Sánchez al Festival de Benicássim.

Presidencia en esta ocasión ha desoído la resolución del Consejo de Transparencia, pero tampoco ha recurrido el dictamen ante la justicia, al menos por ahora. A pesar de este incumplimiento, el CTBG, el órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública, no cuenta con capacidad sancionadora para penalizar al Gobierno.

LOS PROBLEMAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno entró en vigor en diciembre de 2014, pero aún comporta algunos problemas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, más de cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, sigue sin contar con capacidad sancionadora y sus resoluciones no son de obligado cumplimiento para la Administración.

Un caso parecido que ocurre ahora con la petición de Salom sucedió a raíz de una solicitud de la fundación ciudadana Civio, que reclamó en 2015, durante la Presidencia de Rajoy, el listado de los viajes de los altos cargos y sus acompañantes realizados por el Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas del Ejército, la flota de aviones encargada de trasladar al presidente del Gobierno, los ministros o la Casa Real.

El Ministerio de Defensa denegó la información y el caso acabó en los tribunales. Aunque ahora se encuentra en el Tribunal Supremo, debido a un recurso de Civio, la Audiencia Nacional sentenció en octubre de 2017 que el Ministerio debía aportar la información, excepto la “información clasificada por venir referida de Presidencia o Casa Real”.

Una excepción en la que ahora se ampara La Moncloa para ocultar cualquier dato referido a los vuelos en helicóptero o avión de Sánchez, a pesar de que el Consejo de Transparencia siempre haya resuelto en contra de esa interpretación. El Consejo entiende que los datos sobre un viaje de Sánchez no pueden considerarse secretos por el mero hecho de ser información sobre un viaje del presidente del Gobierno y que la interpretación de la legislación que hace La Moncloa no es correcta.