Son las palabras de Trapero ante el tribunal que juzga el ‘procés’ independentista de Cataluña. Preguntado por la acusación popular sobre el dispositivo de seguridad ‘Ágora’, Trapero explicó que se trató de una iniciativa de la división técnica de seguridad que respondía a que “en Cataluña vivíamos una época de cierta tensión que iba a más”, ya que “ocurrían incidentes en las concentraciones y manifestaciones de grupos antagonistas, personas que hacían pintadas, escraches…”. De manera que, continuó, “como esa situación iba en aumento, se diseña un dispositivo gubernativo para cubrir esas necesidades de protección”, pero esto “no tiene nada que ver con las ordenes de la Fiscalía”, subrayó. En esta misma línea reiteró, posteriormente, que “era un dispositivo de tipo gubernativo, pero no judicial”.

Sobre si este dispositivo tenía por objeto facilitar el referéndum, el exmayor de los mossos rechazó tal afirmación de la acusación popular. “No tiene ninguna intención de facilitar el referéndum” y reiteró que “no tiene nada que ver con el mandato judicial”.

Este dispositivo, añadió, incluía la protección de “personas de diferentes sesgos ideológicos, de las dependencias de la Generalitat, del Estado y las judiciales”. ‘Ágora’, concretó, “tenía que haber entrado en vigor el 4 de septiembre pero entró el 12, es decir, hubo un desfase de dos semanas por los atentados”. En cuanto a la extensión indicó que estaría en vigor hasta el 15 de octubre.

El letrado de la acusación popular, Javier Ortega Smith, preguntó de nuevo si este dispositivo guardaba relación con el 1-O. “Era uno más desde la perspectiva de control de orden público”, afirmó el exmayor de los mossos. Asimismo, rechazó que fuese modificado por el entonces conseller de Interior Joaquim Forn, “no modificó ese dispositivo, pero hubiese sido una aventura -si lo hubiera hecho- porque el señor Forn no es técnico”. Sí que es cierto, reconoció, que el jefe de gabinete del departamento de Interior “propuso una modificación”, pero “no se recogió su propuesta”, aunque “se hizo el cambio que nos parecía oportuno”.

En relación a la protección de los mossos a determinados políticos catalanes que, según la acusación popular, servía supuestamente para alertar de las investigaciones del Juzgado de Instrucción, Trapero indicó que recordaba una petición del conseller de Interior en relación a personas que “les pedían algún tipo de protección porque se consideraban en riesgo”. Y es que, apuntó, se trataba de personas que “porque estaba significados políticamente, recibían amenazas… y eso era”. La protección consistía en una vigilancia del domicilio a determinadas horas o la presencia de un binomio de mosos en los actos públicos, apuntó.

En este sentido, el exmayor de los mossos rechazó que se asesora a miembros de la Generalitat sobre la manera de evitar el control policial de sus llamadas. Ortega Smith preguntó entonces por un barrido de llamadas en el despacho de Carme Forcadell, entonces presidenta del Parlament, en agosto de 2017. Trapero resaltó que la fecha concreta no la recordaba, pero que podía ser perfectamente, ya que “los barridos en despachos oficiales se han hecho toda la vida, con una periodicidad no sé si de seis meses o cada año”.