El departamento dirigido por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, hace esta apreciación en un informe dirigido al juez Ismael Moreno y elaborado sobre la pertinencia de admitir a trámite las querellas interpuestas por la muerte del saharauí con pasaporte español Baby Hamday Buyema.

Las querellas, interpuestas por el hermano de Buyema y la Liga Española pro Derechos Humanos, acusan a tres ministros marroquíes de crímenes de lesa humanidad y homicidio por su presunta responsabilidad en el asalto al campamento Gdeym Izik y en la muerte del ciudadano de pasaporte español.

El Ministerio Público señala que, "con carácter provisional y sin perjuicio de una mayor concreción en el futuro", los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de un delito de lesa humanidad".

En este sentido, indica que las querella, aunque “de forma genérica y un tanto imprecisa” describe “violaciones de los derechos humanos” como “asesinatos, torturas, lesiones, detenciones ilegales, todo en el marco de la actuación por parte de las fuerzas marroquíes para reprimir la protesta pacífica de los habitantes del poblado”.

El escrito, firmado por el fiscal Pedro Martínez, destaca que estas actuaciones policiales, “sin perjuicio de una ulterior información más completa”, se dirigieron “contra un colectivo muy determinado que reúne los requisitos para ser considerado grupo nacional o étnico” y su objetivo fue únicamente el de “suprimir el asentamiento de Gdeim Izik”.

PREGUNTA A MARRUECOS

Aún así, el fiscal Martínez pide al juez Moreno que curse una comisión rogatoria a Marruecos para determinar si ese país está investigando los hechos. La competencia de la Audiencia Nacional para los crímenes cometidos contra españoles en el extranjero es subsidiaria, es decir, está supeditada a que en el país en el que se produjeron los hechos no se esté llevando a cabo ya una investigación real y efectiva.

“Parece obvio que la propia legislación interna española está reconociendo manifiestamente el carácter preferente de las jurisdicciones del lugar de comisión del delito”, señala el escrito.

Por ello, considera procedente que, antes de resolver sobre la admisión o inadmisión de las querellas, “se acredite la existencia o inexistencia de investigación efectiva por los hechos denunciados en el ámbito de la Administración de Justicia del Estado de Marruecos”.

REQUISITOS PARA INVESTIGAR

El fiscal Martínez señala que en el caso se dan los requisitos para que España pueda investigar los hechos, incluso tras la limitación de la jurisdicción universal. En este sentido, señala que existe al menos una víctima de nacionalidad española, por lo que “concurre el elemento de conexión con un interés nacional”.

Indica además que “en principio no es descartable la existencia de otras víctimas de nacionalidad española sobre todo si atendemos a la especial relación del pueblo saharaui con la nación española y la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas.

La Fiscalía también señala que se da el requisito de “conexión relevante con España” exigidos por la actual legislación para investigar los hechos ya que “los lazos con la comunidad saharaui son evidentes”. Destaca también que, más allá de la condición de antiguo territorio colonial, existen “vínculos lingüísticos y culturales” entre España y el Sahara Occidental que tienen “su reflejo en la legislación española” así como que la ONU considera a nuestro país potencia administradora del territorio”.

Las querellas van dirigidas contra los ministros de Exteriores, Taib Fasi Fihri; Interior, Taieb Cherkaui; y Defensa, Abderrahmane Sbaï, así como contra el gobernador marroquí de El Aaiún, Mohamed Guelmouss, a los que acusan de delitos de genocidio, asesinato, lesiones, torturas y secuestros y para los que piden el procesamiento, la "detención inmediata" y el ingreso en prisión provisional.