Esta ley asignó competencias a la CNMC para garantizar el libre acceso, el ejercicio y la expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional. Fruto de estas actuaciones, diez sentencias de las catorce dictadas han acogido total o parcialmente las pretensiones de la CNMC.

La CNMC, a petición de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía (Secum), analiza las reclamaciones de empresas o particulares cuando una autoridad competente limita el acceso o ejercicio de las actividades económicas.

Como resultado, la Audiencia Nacional ha rechazado la posibilidad de establecer requisitos territoriales en bases reguladoras para la obtención de subvenciones a la formación para el empleo o que el ejercicio de ciertas actividades deba estar limitado a un determinado tipo de profesionales.

También que las ordenanzas locales puedan impedir de manera injustificada el despliegue de redes de telecomunicaciones en edificios; obstáculos, por ejemplo, al establecer distancias mínimas entre salones de juego o al excluir a un centro comercial del régimen de libertad horaria previsto por el ayuntamiento.

En la única sentencia del Tribunal Supremo dictada hasta la fecha en un recurso directo para la garantía de la unidad de mercado, se anuló el requisito de flota mínima para la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor, o VTC, impuesto por el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. Sin embargo, la Sentencia consideró justificadas otras medidas que la CNMC cuestionó en su recurso.