Cs defendió promover la adaptación de la citada ley a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, la obligación de auditar externamente todas las cuentas que se presentan a los juzgados, la de realizar memorias anuales y la de elaborar un código de buenas prácticas.

Asimismo, se pretende evitar irregularidades en la tutela de mayores incapacitados, ya que la AMTA ha duplicado el número de tutelados, pasando de 2.295 personas tuteladas en 2008 a 4.451 en la actualidad.

En el texto aprobado se especifica que "la función de tutela abarca desde la protección personal del tutelado hasta la administración de su patrimonio".

Con estas modificaciones se persigue ofrecer "una garantía adicional para la correcta gestión del patrimonio de las personas tuteladas" y se destaca que las personas tuteladas serán informadas "en un lenguaje adaptado y comprensible" de "las cuestiones personales o patrimoniales que les afecten".

A raíz de la aprobación de esta reforma, la AMTA tendrá prohibido "tomar dinero a préstamo o emitir títulos para la financiación del presupuesto de gasto de la citada agencia, así como crear empresas o participar en el capital de las ya existentes", como medida para "salvaguardar el carácter no lucrativo" de la misma.

"Tampoco se podrá vender ni hipotecar el patrimonio de las personas bajo tutela para financiar las actividades de la agencia", según el texto de la citada ley.

Asimismo, la memoria anual de actividades de la AMTA deberá incluir el resultado de las auditorías externas, así como "información estadística relativa a las quejas o reclamaciones presentadas a la agencia por los propios adultos tutelados, sus familias o por los órganos judiciales".

También incluirá "los datos de las retribuciones judiciales obtenidas por el ejercicio del cargo de tutor al que tiene derecho la AMTA y que supondría una posible obtención de recursos propios", así como si dicha institución "ha sido beneficiaria de algún legado o herencia".