Según informó Justicia este miércoles, este censo es necesario para cumplir el mandato de localización e identificación de las víctimas incluido en la Ley Orgánica 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante aquella etapa histórica.

Con ese objetivo, la Dirección General para la Memoria Histórica ha iniciado la redacción de un real decreto que creará una base central de datos que compendie la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura y permita establecer estadísticamente la tipología de las víctimas en función a la distinta naturaleza de la represión sufrida.

Justicia indicó que el primer trámite administrativo de ese proceso ha sido la apertura de una consulta pública sobre la intención del Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

PLAZO DE SUGERENCIAS

Hasta el próximo 27 de marzo, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones al respecto a través del buzón ‘DG.Memoria.Historica@mjusticia.es’.

El departamento que dirige Dolores Delgado destacó que el futuro censo de víctimas facilitará su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, así como el conocimiento de lo acaecido durante la Guerra Civil y la dictadura “de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”, según el director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López.

En la actualidad, varias comunidades autónomas disponen ya de censos y bases de datos de desaparecidos, públicos o privados, pero de características muy dispares y de gestión dispersa.

El censo nacional que diseña la Dirección General para la Memoria Histórica intentará unificar en una única base de datos central las distintas fuentes disponibles sobre víctimas de la guerra y la represión franquista, así como las circunstancias particulares de cada caso: muerto en combate, detenido-desaparecido, exilio, reclusión en centro de internamiento o campo de concentración, etc.

Así, el censo nacional dará respuesta no solo al mandato de la Ley Orgánica 52/2007, sino también a distintos requerimientos realizados por del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas. Este organismo, en el informe posterior a una visita girada en septiembre de 2013, reprochó a España que “existe una fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura”.