Carcedo reconoció que esta es la petición del colectivo de afectados por la talidomida, “pero no es posible”, añadió. La ministra informó a los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del SNS del proyecto de real decreto por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1950-1985.

La ministra se mostró optimista ante la posibilidad de que el proyecto se apruebe antes de que finalice la presente legislatura. “Después de que lo estudie el Consejo de Estado llevaremos el decreto al Consejo de Ministros para su aprobación”, anunció.

REIVINDICACIÓN DE LOS AFECTADOS

Los afectados por la talidomida reclaman al Gobierno de Sánchez que las ayudas que reciban estén exentas de impuestos y tasas. La Asociación de Víctimas de la Talidomida solicitó en distintas ocasiones al Ejecutivo que las ayudas en concepto de compensación que el Estado les reconoció por ley estén exentas de pagar impuestos.

Además, reclama el mismo trato fiscal que otras personas que reciben indemnizaciones del Estado. "No es de recibo un trato discriminatorio con respecto, no ya a nuestros homólogos europeos, sino incluso a españoles afectados por otros males, como los indemnizados a consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, los infectados por VIH o las víctimas de actos terroristas", apuntaron en declaraciones a los medios hace unes meses.

El pleno del Consejo Interterritorial de este lunes aprobó, además, el proyecto de real decreto de adecuación de la gestión de la presentación farmacéutica del SNS al marco normativo de la verificación y autentificación de medicamentos. Carcedo recordó que “la Administración no se para por unas elecciones” y confirmó que tras el estudio requerido por el Consejo de Estado lo llevarán al Consejo de Ministros si les da tiempo. “Vamos a intentarlo y bajo ningún concepto vamos a parar en su tramitación”, remachó. Este decreto adaptará la normativa europea para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal.