La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y representantes de los sindicatos firmaron este lunes el IV Convenio Único para el personal laboral de la AGE, que afecta a unos 40.000 trabajadores, y el acuerdo sobre el reparto de los fondos adicionales, tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE.

En concreto, el salario mínimo de los laborales alcanzará este año los 1.161 euros y subirá hasta los 1.198 euros en 2020, teniendo en cuenta los escenarios más favorables de crecimiento del PIB y reducción del déficit que marcan el incremento salarial de los funcionarios y que ya firmaron los sindicatos con el Gobierno anteriormente.

Así, los laborales de la AGE que menos cobran, alrededor de 10.000 personas, podrían ver incrementado su salario un 9,36% este año y hasta un 14% en 2020.

Asimismo, todo el personal laboral de esta administración recibirá una subida salarial lineal de 280 euros anuales desde 2018, con lo que recibirán antes de verano los atrasos correspondientes al ejercicio anterior.

En suma, la subida salarial media de todo el personal laboral será del 5,5% este año, teniendo en cuenta la subida salarial ya aplicada del 2,25% y el incremento lineal.

Estos incrementos en las nóminas se financiarán con parte de los fondos adicionales, para los que se ha acordado su reparto.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública indicó en una nota que el coste del convenio se sitúa en torno a 25 millones, de los que 10,18 millones se financiarán con los fondos adicionales. Además, desde 2020 se comprometerá un 0,25% más de los fondos adicionales para implementar medidas retributivas de homogeneización y desarrollo de la carrera profesional de los laborales.

También se acordó la posibilidad de acogerse a la jubilación parcial anticipada en las mismas condiciones que el resto de trabajadores del mercado laboral a partir de 2021, una mejora del complemento de destino de los puestos de trabajo dedicados a la atención del ciudadano, una clasificación profesional que equipara al personal laboral con el resto del mercado laboral del Estado y el concurso abierto permanente, que facilitará la movilidad y la cobertura de puestos de forma más rápida.

En suma, los acuerdos tienen un coste de 45 millones.

La ministra destacó que, tras 10 años, se firma el convenio para el personal laboral, con el que “saldamos una deuda reconociendo su profesionalidad, compromiso y su calidad de empleados públicos”.

Desde los sindicatos, CCOO y UGT aplaudieron los acuerdos alcanzados y el “sello de la dignidad” que a su juicio lleva el nuevo convenio del personal laboral. Mientras, CSIF, que no ha rubricado el acuerdo sobre los fondos adicionales, consideró que la situación política ha tenido influencia en la rapidez con la que se han logrado los acuerdos.