Las advertencias las formuló el senior advisor de Blackstone en España, Claudio Boada, quien criticó que el Real Decreto "discrimina sin razón alguna a los operadores profesionales del alquiler", con normas específicas para ellos y "limitando sus garantías como arrendadores".

"Se trata de una normativa muy restrictiva en comparación con nuestros homólogos europeos y que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta", indicó en alusión a medidas incorporadas en el texto como subir los plazos de los contratos del alquiler de 3 años hasta 7 años (hasta 5 años cuando el propietario es un particular) y al limitar las posibles alzas de la renta a las subidas del IPC.

Según Boada la norma "dificulta la operativa de una plataforma profesional del alquiler en España", a la vez que las medidas apuntadas, junto a la reducción de garantías en los alquileres de renta libre "van a suponer que los precios de salida ofertados sean más altos para adaptarse al nuevo Decreto", en perjuicio "principalmente" de los "arrendamientos más asequibles (por debajo de 600 euros)".

El responsable de Blackstone criticó que el nuevo Real Decreto Ley es además el tercer cambio en menos de tres meses en la normativa del mercado del alquiler, lo que ha aumentado "enormemente" la inseguridad jurídica de los ciudadanos que son propietarios o inquilinos de una vivienda.

PARALISIS DEL MERCADO

Su pronóstico es que provocará, como ya sucedió con el anterior decreto, otra "paralización" del mercado hasta que el texto sea convalidado o rechazado en el Congreso en los próximos 30 días.

"El aumento de la inseguridad jurídica no se circunscribe solamente al mercado del alquiler y consideramos que afectará a la inversión extranjera en España en el conjunto de sectores productivos", alerta el experto, quien recuerda que el alquiler ayuda a los ingresos de más de 4 millones de familias y es la solución de vivienda para 10 millones de ciudadanos.

En este sentido, el fondo, uno de los que mayor volumen de activos inmobiliarios gestiona en España y de los primeros en el mundo, reclama un análisis "exhaustivo" y un debate entre todos los operadores de este mercado para cualquier regulación que afecte al mercado. A tal efecto considera que sería conveniente su tramitación a través de un proyecto de Ley.