La portavoz adjunta del grupo, Ione Belarra, y la diputada autora de la iniciativa, Isabel Franco, la presentaron justificando que, siendo una de las “medidas estrella” del programa, no podían dejar la legislatura sin registrarla.

La renta mínima se situaría en 600 euros mensuales tanto para quienes no lleguen a esta renta mínima y para las pensiones no contributivas, y según sus cálculos beneficiaría a 10 millones de españoles que viven en cuatro millones de hogares. En todo caso, este ingreso subsumiría y sustituiría otras percepciones y ayudas, lo que serviría para “racionalizar” el sistema.

Esos 600 euros por persona al mes se convertirían en 900 si conviven dos personas, y de esa cuantía sólo cotizaría como renta de trabajo el 75%. Por último, la pensión por hijo a cargo se elevaría a 100 euros, también al mes, y a 125 en caso de discapacidad del menor.

Belarra presentó a su grupo como el único que podría financiar esta medida con el impuesto a la banca que propone, que según sus cálculos permitiría ingresar 3.000 millones al año. El coste total, según la proposición, sería de 18.000 millones, por lo que se recomienda la implantación progresiva de las medidas a lo largo de seis años.

Franco argumentó que, al concebirse esta prestación como derecho subjetivo de todos los ciudadanos, “se evita la estigmatización” latente en las pensiones no contributivas. Según explicó, la prestación se mantendrá tanto tiempo como dure la situación de necesidad del beneficiario.