Preguntada por las defensas sobre los incidentes, dijo: “Yo lo único que sé es que (a los ciudadanos) se les movilizó para que acudieran con tiempo a los colegios electorales y lo que vi fueron las murallas humanas y los lanzamientos de objetos que todos pudimos ver por televisión”.

En su declaración insistió en que el Gobierno de Mariano Rajoy nunca negoció nada relacionado con la celebración de un referéndum independentista en sus reuniones con el Gobierno catalán. "Sobre el referéndum no había ninguna posibilidad de diálogo, no había nada que negociar", aseveró.

Preguntada por el abogado de Vox Javier Ortega Smith, la que fuera 'número dos' del Gobierno de Mariano Rajoy explicó que se reunió tres veces con el entonces vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, pero que jamás quiso abordar ningún tema relacionado con el referéndum del 1 de octubre.

"Yo no traté del 1 de octubre con nadie de la Generalitat. Me reuní en tres ocasiones con Junqueras. En el punto del referéndum nunca quise entrar; era un tema que no era del Gobierno, sino de la soberanía del pueblo español. Del referéndum no tenía nada que hablar, no corresponde a ningún gobierno, sino que corresponden al pueblo soberano y sobre ese punto ni nos íbamos a entender ni íbamos a negociar", explicó.

Sáenz de Santamaría explicó que se reunió con Junqueras en abril y julio de 2016 y en enero de 2017. En algunos de esos encuentros se habló de la “dramática” situación financiera de Cataluña y solo en la última de las reuniones el exvicepresidente catalán solicitó hablar en exclusiva del referéndum, orillando otros 45 asuntos que estaban en agenda.

La exvicepresidenta trató de demostrar que el Gobierno fue firme ante el proceso en Cataluña y "nunca accedimos a una consulta" sobre la independencia. También a instancias de Ortega Smith, la exvicepresidenta habló sobre la llamada `Operación Cataluña´, que suponía que el Gobierno central tenía una sede en esa comunidad.

"Cualquier miembro del Gobierno puede celebrar reuniones en cualquier parte del territorio nacional, y Cataluña lo es. Nunca me reuní con ningún miembro de la Generalitat en la sede de la Delegación del Gobierno. Ahí mantuve distintas reuniones con miembros del PSC, Cs, PP, miembros de la sociedad civil (...) Era importante reunirse por la gran fractura social. Fue un despacho muy útil cuando ocurrieron los atentados de agosto de 2017, para atender a cónsules, embajadores, comerciantes que habían colaborado... Sí pude hacer algo, reforzar la presencia del Estado en Cataluña, y el Gobierno es Estado también en Cataluña", explicó.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Ya en respuesta al fiscal Javier Zaragoza, Sáenz de Santamaría insistió en que "ni con Oriol Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación. Si se quiere hacer, se tiene que reformar la Constitución".

“La aplicación del artículo 155 es una cuestión política y constitucional. Tuvimos en cuenta la defensa de la soberanía y la unidad nacional, garantizar el cumplimiento de la ley, hacerlo de la forma más rigurosa y manteniendo la convivencia y manteniendo los acuerdos políticos", relató.

Sobre el dispositivo policial que se diseñó para evitar la celebración del referéndum, Sáenz dijo que no era a ella a quien correspondía “diseñar dispositivos policiales”. Pese a ello dio cuenta de que el día 21 de septiembre, el siguiente a las concentraciones ante la Consellería de Economía, “el ministro del Interior tomó la decisión de mandar 6.000 policías y guardias civiles para ayudar a mantener el orden público”.

Más adelante, una pregunta de Jordi Pina puso en duda el relato de que fueron los hechos del día 20 los que motivaron el envío del contingente policial, puesto que la solicitud de atraque del buque en el que se iban a alojar los efectivos policiales está fechada el día 19 de septiembre, uno antes de que se produjeran los incidentes. Ante ello, Sáenz repuso que es obligación del Gobierno anticiparse.

El fiscal Zaragoza preguntó si "hubo choques violentos todos los días" a partir de esas primeras movilizaciones. "Sí”, respondió tajante, “ante cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo, como registros en domicilios o naves, se producían aglomeraciones con imágenes de naturaleza violenta".

Sáenz de Santamaría explicó que los independentistas “tomaron la decisión de seguir adelante, a sabiendas de lo que se había producido el 20 y 21 de septiembre”, y más adelante aseguró que la declaración de independencia del 27 de octubre no fue simbólica y “por eso aplicamos el 155”. A la hora de tomar esa decisión "por supuesto tuvimos en cuenta que había un riesgo grave de derogación de la Constitución en esa comunidad autónoma. Había una vulneración muy grave del orden constitucional".

POR TELEVISIÓN

Llegado el turno de las defensas, trataron de desmontar con sus preguntas el relato sobre la violencia vivida en Cataluña alrededor del 1-O. Preguntada por si estuvo al tanto de los episodios violentos durante la jornada, admitió que "lo veíamos en televisión como toda España. Cuando hay alteración del orden público, el ministro del Interior comunica con el resto de ministros".

"¿Pudo ver si algún policía agredía a algún ciudadano?", le preguntó el abogado de Junqueras. Sáenz de Santamaría le respondió que las fuerzas de seguridad "cumplían un mandato judicial" y defendió que la actuación policial impidió "circunstancias más graves como consecuencia de la irresponsabilidad de la Generalitat de seguir adelante con el referéndum".

Sobre los enfrentamientos sucedidos en la jornada del 1 de octubre de 2017, la exvicepresidenta reconoció que los vio “como cualquier otro ciudadano, imágenes de disturbios en muchas ocasiones”.

Admitió que “no son agradables a la vista, pero si no se hubiera convocado a la gente para hacer de murallas para impedir a quien estaban mandatados judicialmente para impedir el referéndum, quizá no las habríamos visto”.

Explicó a continuación que también tuvo conocimiento de que a lo largo de esa jornada hubo 93 policías lesionados y que los agentes fueron objeto de presiones: “Yo sé lo que es un escrache y lo que se vivió en Cataluña en algunos momentos no fue un escrache, fue un acoso violento", dijo sobre el acoso policías y guardias civiles en sus hoteles.

Santamaría sí que negó haber recibido alguna información sobre las cargas policiales y tampoco supo si se ordenó que parasen a una determinada hora del día, ya que, insistió, las Fuerzas de Seguridad actuaban en todo momento bajo mandato judicial, no del Gobierno.

El interrogatorio de Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior Joaquim Forn, fue el más incómodo para la exvicepresidenta. Sus respuestas dubitativas comenzaron en el momento en que le preguntó por si conocía la instrucción del secretario de Estado de Interior ante el 1-O que establecía que se debía primar la seguridad de las personas por encima de la eficacia. "Me parece que es de carácter muy general. A lo largo de esos días hubo muchísimas actuaciones", dijo vagamente.

Sáenz de Santamaría insistió a lo largo de su declaración en que las Fuerzas de Seguridad actuaron en todo momento bajo orden judicial y lo hicieron “lo mejor que pudieron”. Preguntada por el letrado Jordi Pina sobre su conocimiento de la existencia de un millar de ciudadanos "heridos" por la actuación policial, la testigo matizó que creía que ese número de personas “fueron atendidas".

"¿Usted de verdad no ha visto cargas policiales, policías golpeando en la cabeza, en la cara, a ciudadanos?", insistió el letrado. "Hay imágenes que a ninguno nos gustaría ver. La Policía y la Guardia Civil son profesionales. Actúan con prudencia y trataron de hacerlo de la mejor manera posible".