Este colectivo emitió un comunicado en el que reclamó que dicha declaración incluya una condena al “golpe de Estado del 18 de julio de 1936, a sus responsables, a los 40 años de falta de libertades y de reconocimiento de los colectivos que fueron perseguidos, torturados, maltratados, detenidos ilegalmente y, en algunos casos, asesinados por la represión de la dictadura franquista”.

También insta a que dicha declaración reconozca a quienes “se enfrentaron al fascismo para defender el resultado de las elecciones democráticas del 16 de febrero de 1936, y garantizar la continuidad de la Segunda República, que con gobiernos de izquierdas y de derechas fue nuestra verdadera transición a la democracia”.

Solicita que se condene la persecución de aquellas personas homosexuales que fueron “encarceladas, sancionadas e incluso ingresadas en centros psiquiátricos y sometidas a electroshocks y otro tipo de tratamientos por la intolerancia del franquismo con la diversidad”.

Reclama el reconocimiento como “padres y madres de la democracia en nuestra historia” a quienes aprobaron la Constitución de 1931 y a quienes durante la dictadura “lucharon, soñaron, esperaron y se esforzaron por el regreso de las libertades añorando el regreso de unas urnas en las que entraran papeletas con ideas similares o distintas a las suyas”.

Pide la condena del maltrato de la dictadura a la mujer y a aquellos sectores económicos, políticos, culturales, académicos o religiosos que “de algún modo u otro se beneficiaron de la represión, de la toma del poder mediante el uso de una terrible violencia y que por acción u omisión de socorro no defendieron los valores democráticos”.

A su vez, solicita un recuerdo a los maestros que se dedicaron a construir “el tránsito mediante la instrucción pública de súbditos que se transformaban en ciudadanos” y una disculpa “pública y notoria” a las personas desaparecidas por la represión de la dictadura, “que han visto pasar más de 40 años de recuperada democracia sin que ningún Gobierno del Estado haya asumido como propia la responsabilidad de garantizar verdad, justicia y reparación”, así como para todas aquellas personas que “sufrieron y padecieron algún tipo de violación de los derechos humanos por parte del régimen franquista”.