Afirmó que dicha ley contempla indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos para víctimas de atentados terroristas cometidos dentro y fuera de España. Esta prestación será equivalente al 30 % de la ayuda que concede la Administración General del Estado en el mismo supuesto. La norma incorpora, además, medidas asistenciales.

Dijo que la Comunidad de Madrid asegura la atención sanitaria y psicológica gratuita a víctimas y personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia y también se garantiza intervención psicopedagógica gratuita para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que sufran problemas de aprendizaje como consecuencia de una acción terrorista. La norma incluye también medidas en materia de empleo, cultura, deporte y acceso a la vivienda pública.

Rollán explicó que la Ley para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid dispone ayudas para la reparación de daños materiales en la vivienda habitual, con un límite de 45.000 euros por siniestro, así como para el alojamiento provisional mientras dure la reparación.

También se recoge el cambio de vivienda en caso de siniestro total tras una acción terrorista, con una valoración que oscilará entre el 80 % y el 100 % del valor real de la vivienda afectada.

Informó de que tienen derecho a las ayudas las víctimas que cuando sufrieron un atentado terrorista estaban empadronadas en la Comunidad de Madrid.

Atendiendo a una solicitud de las asociaciones de víctimas, la ley contempla que en caso de ausencia de empadronamiento en el momento del atentado, los afectados tengan derecho a las prestaciones si se acreditan haber residido en la región con anterioridad, por un tiempo equivalente a las dos terceras partes de su vida.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SOLICITUD

Rollán indicó que la gestión de las ayudas se coordina desde el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, que ha detectado en estos primeros meses de aplicación de la ley que existe un elevado número de víctimas que no pertenecen a ninguna asociación y que, por ello, carecen de la información completa sobre las indemnizaciones y derechos que les corresponden.

Señaló que atendiendo además a una petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se tramita ya en el Parlamento regional una modificación de la ley para ampliar el plazo de solicitud de las ayudas, que pasará a ser de nueve meses frente a los seis meses inicialmente previstos.

Asimismo, manifestó que la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo tiene como objetivo primordial el reconocimiento de las víctimas, la principal de las reivindicaciones demandadas históricamente por todas sus asociaciones y colectivos de afectados por atentados terroristas.

Destacó que la memoria es el apartado fundamental de esta ley, que compromete a la Comunidad de Madrid en acciones como el proyecto piloto que se desarrolla en diversos centros educativos para incluir contenidos relacionados con el terrorismo en los currículos educativos de Primaria, ESO y Bachillerato, así como la participación directa de víctimas en charlas y actividades en los citados centros, con el fin de sensibilizar e informar a los alumnos sobre el hecho del terrorismo.