En un encuentro informativo organizado por Europa Press, la ministra aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene una “intensa agenda” a pesar de la “limitación de no disponer de unos Presupuestos”, ya que “nos hemos comprometido a que aquellas situaciones más urgentes las vamos a abordar antes del final de la legislatura”. “Este país no puede permitirse el lujo de estancarse en una parálisis institucional”, señaló al respecto.

Así, Montero afirmó que “todos los consejos de ministros de aquí a las elecciones van a estar cargados” con reales decretos “que permitan mejorar el día a día de las personas”, añadiendo a continuación que las medidas se centrarán en la recuperación de derechos laborales y sociales y en la reducción de la desigualdad de género.

En este sentido, la titular de Hacienda explicó que las medidas que el Gobierno está tomando y tomará en este periodo anteriores a las elecciones serán aquellas que puedan financiarse gracias a los ingresos obtenidos por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las cotizaciones sociales, mientras que, continuó, medidas de otros ámbitos no podrán afrontarse porque el resto de ingresos fiscales no pueden regularse por decreto, por lo que habrá que esperar a después de las elecciones.

Sobre este punto, lamentó que medidas como la eliminación del copago farmaceútico o el aumento de las becas en educación no vayan a poder aprobarse porque “las políticas de gasto tendrían tener un reflejo en los ingresos presupuestarios” y “el Gobierno es responsable y siempre que hace una partida de gasto encuentra un ingreso que la permitiría”.

Por otra parte, preguntada sobre las negociaciones con Podemos para sacar adelante un decreto sobre alquiler y si será posible aprobarlo antes de las elecciones, la ministra señaló que “es una pena que ese decreto no se aprobara”, en referencia al decreto que aprobó el Gobierno en diciembre pero que posteriormente fue rechazado en enero, con el voto en contra de Unidos Podemos. “Se habrían podido evitar los desahucios de la semana pasada”, indicó la ministra, quien destacó que se trata de una política “prioritaria para este Gobierno” pero que, aunque espera que dé tiempo a su aprobación, “todavía no tenemos consensuado el texto”.