Según el documento presentado “urge la asunción de un compromiso activo por parte de las autoridades en la investigación de la suerte y el paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, así como en la recuperación de los cuerpos”.

El informe concluye que entre 2000 y 2018 se exhumaron 740 fosas comunes en diferentes puntos del territorio nacional y se recuperaron más de 9.000 cadáveres, gracias fundamentalmente al impulso de las asociaciones de memoria histórica. Se trata, en su mayoría, de víctimas civiles enterradas en cunetas, descampados, montes, cementerios (intramuros y extramuros), abandonadas en el terreno de los frentes de guerra o muertas en custodia.

Los análisis posteriores encaminados a establecer la identificación de estos restos óseos y esclarecer las circunstancias de la muerte “se ha realizado de forma desigual”. En este sentido, los expertos apuestan por la coordinación nacional de las diferentes iniciativas de identificación genética de víctimas llevadas a cabo por los distintos territorios.

Ello implicaría el desarrollo de una red de laboratorios de genética forense de la memoria histórica y de una base de datos nacional de ADN coparticipada por las comunidades autónomas para poder disponer de un repositorio común de perfiles biológicos de víctimas y familiares.

El informe recomienda, entre otras actuaciones, la realización de un censo de víctimas que unifique los datos de los que actualmente disponen las diferentes comunidades autónomas y la puesta en marcha de un proyecto de investigación que conduzca a un registro detallado sobre la localización de las fosas comunes en todo el territorio nacional.

Ello permitiría la elaboración de un nuevo mapa de fosas “que supere el desfase actualmente existente” y posibilite al usuario, a través de internet, la realización de búsquedas avanzadas.

Por ello, los expertos piden también al Estado que impulse la creación de un archivo unificado de los testimonios orales de la Guerra Civil y la Dictadura como fuente histórica de la memoria de sus víctimas, para lo cual proponen un protocolo de actuación.

En línea con las conclusiones del informe, y tal y como se expuso en la reunión sectorial de memoria histórica celebrada la pasada semana con los representantes autonómicos, el Ministerio de Justicia está dando los primeros pasos para cumplir con las recomendaciones de los expertos.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha comenzado los trabajos preliminares para coordinar la base de datos nacional de ADN, y desde la Dirección General para la Memoria Histórica se trabaja, en colaboración con las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, en un plan de choque “para que las exhumaciones se lideren desde las administraciones públicas y puedan ejecutarse en un plazo temporal de una legislatura y media trabajando de forma sistemática”.