De este modo, ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe un real decreto-ley de medidas urgentes sociales y laborales antes de la disolución de las Cortes, prevista para el 5 de marzo, el Cermi reclama que se incluyan en él la respuesta legal a algunas demandas del movimiento social de la discapacidad de extraordinarios apremio e importancia.

Así, el Cermi ha planteado al Ejecutivo que en esa legislación urgente se incorporen las modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal en cuestiones de accesibilidad a la vivienda contenidas en el real decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que pese a su aprobación finalmente fue derogado al no ser convalidado por el Congreso de Los Diputados.

Otra de las cuestiones exigidas por el Cermi es que se revalide a través de norma con fuerza legal el apartado 2 del artículo 4 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que por motivos de forma ha sido puesto en cuestión por el Tribunal Supremo en recientes sentencias y puede ocasionar, si no se subsana, un grave perjuicio al empleo de las personas con discapacidad.

El posible real decreto-ley de cierre de la legislatura incluiría otras medidas sociales beneficiosas para la discapacidad, según ha trascendido a los medios, como la recuperación del convenio especial de Seguridad Social de cuidadores informales de personas en situación de dependencia y la mejora y ampliación del permiso de paternidad, con aspectos más favorables en casos de discapacidad, según explica la entidad.