Con la nueva ley, a juicio del sindicato, el Ejecutivo “ha perdido la oportunidad de mejorar la normativa más allá de la LOE, mientras deja a criterio de las comunidades autónomas la carga lectiva del profesorado”.

Para STEs-intersindical “hubiera sido deseable” que las nuevas ratios “hubieran podido establecerse con criterios más pedagógicos” en beneficio de la “calidad educativa y la igualdad de oportunidades” del alumnado.

Aunque la ley tiene “carácter básico y de obligado cumplimiento” para las administraciones territoriales, su segunda medida “burla” este principio al “recomendarles” que las cargas lectivas sean como máximo de 23 horas para el profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial y de 18 horas para el resto de enseñanzas, recomendación que no evita que pueda mantenerse lo establecido en el RDL 14/2012.

La tercera medida, que se refiere a las sustituciones del profesorado, “deja sin efecto” la espera de diez días y “obliga” a que éstas se realicen “de inmediato” desde el momento de la baja de la persona titular.

Por último, según denunció el sindicato, la nueva ley tampoco recoge la necesidad de un artículo transitorio para que aquellos territorios que han priorizado recuperar la calidad educativa y desde el 1 de septiembre han reducido las ratios y el horario lectivo del profesorado, “obtengan soporte legal para mantener estas medidas”.

“Las implicaciones pueden ser muy importantes, tanto desde la perspectiva laboral, en tanto que han aumentado las plantillas para hacer frente a los horarios que son necesarios cubrir y multitud de docentes pueden ver cuestionado el futuro de sus contratos, como desde la perspectiva jurídica, al verse expuestos a posible denuncias o problemas con la Intervención”, resolvió STEs-intersindical.