Según explica la coalición, el pasado martes 19 de febrero altos cargos de Adif impidieron a las diputadas Sol Sánchez y Eva García Sempere, así como al concejal del Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato acceder a ese expediente, algo que vulnera sus derechos constitucionales y su "libre ejercicio de las funciones legislativas y de control" del Gobierno.

En el escrito registrado en el Congreso, las diputadas y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, reclaman a la presidenta del Congreso, Ana Pastor que, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, "se dirija al Gobierno a fin de que facilite correctamente el pleno acceso a la información solicitada" para que las diputadas realicen correctamente su trabajo.

Tal y como se expone en el escrito, los cargos públicos de IU fueron recibidos ese día en las dependencias de Adif de la madrileña Avenida Pío XII, pero Alfredo Cabello, director de Patrimonio y Urbanismo de Adif, y Julio Cintora León, subdirector de Urbanismo y Actuaciones, comunican que dado que la promotora privada Distrito Castilla Norte (DCN) se opone a que la documentación se haga pública se les deniega, por el momento, el acceso al expediente.

Según explica la coalición en su escrito, esa promotora está participada por el banco BBVA y la constructora San José, y presentó un recurso para impedir precisamente que los representantes públicos de Izquierda Unida tengan acceso a ningún documento de esta polémica operación urbanística, así como recibir copia de los mismos. Entienden que esa negativa vulnera los derechos fundamentales de los parlamentarios garantizados en el artículo 23.2 de la Constitución.

IU recuerda que el 17 de julio de 2018 el Congreso calificó la solicitud de informe a la Administración del Estado para recabar copia del expediente relativo al convenio para el desarrollo del entorno de la estación de Chamartín, incluyendo el convenio entre Adif y DCN, así como sus sucesivas prórrogas y la documentación vinculada a las mismas. La respuesta del Gobierno, en noviembre, indicaba que, debido al volumen de la información solicitada, esta se podría consultar en las oficinas de Adif, mediante la concertación de una cita con el responsable de la Subdirección de Urbanismo y Actuaciones Administrativas.

Denuncia, por tanto, que se han seguido "escrupulosamente todos los pasos" indicados por el Gobierno pero el resultado final ha sido negativo, y por ello dice a la presidenta del Congreso que el ejercicio de sus funciones como parlamentarios "no puede limitarse por las trabas que una empresa privada quiera imponer a la función constitucionalmente prevista". "La denegación de acceso a la documentación solicitada solo puede calificarse como vulneradora de los derechos constitucionalmente otorgados a diputados y diputadas", dice el escrito.