El presidente del tribunal, Manuel Marchena, trata de agilizar al máximo la vista oral, pero los interrogatorios, especialmente los de los acusados que responden a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, son largos. Por ese motivo, la sala ha acordado habilitar sesiones más allá de las 20.00 horas y está fijando comparecencias en lunes y viernes, días en los que en principio no estaban previstas.

La séptima sesión del juicio acogerá la declaración de Jordi Cuixart, acusado de rebelión agravada por la Fiscalía, que pide para él 17 años de cárcel e igual período de inhabilitación. La Abogacía del Estado solicita 8 años de prisión por un delito de sedición y Vox le quiere 62 años en prisión por rebelión y organización criminal.

El ministerio público le atribuye la convocatoria de movilizaciones populares frente a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre dentro de una estrategia para la desconexión del Estado por vía unilateral. Se le responsabiliza de comunicaciones en las que atribuía a la Guardia Civil la intención de obstaculizar el referéndum y se emplazaba a los ciudadanos a defender las instituciones catalanas.

La Fiscalía le acusa de aprovechar su liderazgo para favorecer una movilización colectiva impulsando a todos los catalanes a acudir a los centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido.

A Forcadell se le acusa también de rebelión agravada y la Fiscalía le pide 17 años de cárcel. La Abogacía del Estado solicita 10 años de prisión por un delito de sedición y Vox vuelve a pedir 62 años por rebelión y organización criminal. El ministerio público se remonta a 2015 para armar su acusación contra la que entonces era presidenta de la ANC.

Le atribuye participar en reuniones para discutir el proceso de independencia. Además, permitió la tramitación y aprobación de leyes de desconexión y la convocatoria del referéndum incumpliendo sentencias del Tribunal Constitucional. Tendrá que dar respuesta sobre la presentación de la ley de referéndum en actos celebrados en el Parlament y en el Teatro Nacional de Cataluña.

Saldrá a relucir que acudió a la concentración del 20-S para instar a los ciudadanos a mantener la protesta y, al día siguiente, a la manifestación que se celebró en la Ciudad de la Justicia para reclamar la libertad de los detenidos en la Consellería de Economía. También deberá responder sobre lo que la Fiscalía considera “reiterados y continuos” llamamientos a la participación en el referéndum consciente de su ilegalidad y de que podría haber conflictos con las Fuerzas de Seguridad.

TESTIGOS

El tribunal ya comenzó a citar a declarar a los más de 500 testigos del juicio a partir de este martes. En el listado del primer día figuraban el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el expresidente catalán Artur Mas.

Sin embargo, no podrán producirse en esta fecha y se retrasan hasta que hayan acabado las comparecencias de los acusados. Finalmente, en vez de en tres jornadas, los testigos declararán en dos, miércoles y jueves.

Por orden de comparecencia, el miércoles están citados el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; el expresidente del Gobierno central en el momento del referéndum, Mariano Rajoy; la entonces coordinadora del PDeCat, Marta Pascal, y los parlamentarios Nuria Gispert, Eulalia Reguan i Cura, y Antonio Baños.

El jueves comparecerán el lehendakari Íñigo Urkullu, el diputado de ERC Gabriel Rufián, Albano Dante-Fachín, Ernest Benach y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ya por la tarde deberán comparecer el que fuera ministro del Interior del Gobierno del PP Juan Ignacio Zoido, el exportavoz de En Comú Podem en el Parlament Xavier Domenech y los parlamentarios Josep Ginesta, Francés Iglesias y Adriá Comella.

El tribunal ha optado por adelantar al principio de la fase testifical las declaraciones de los políticos citados como testigos en el juicio del `procés´ con el objetivo de distanciarlas lo más posible del comienzo de las campaña electoral para los comicios generales del 28 de abril.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el orden en el que se debe citar a los testigos, que empieza por los propuestos por las acusaciones, y entre ellas por los de la Fiscalía. El ministerio público había solicitado la comparecencia de una quincena de exaltos cargos del Ministerio del Interior y de la Generalitat, incluidos el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo. Los citados para la próxima semana no han sido llamados por la Fiscalía, sino por la acusación popular, ejercida por Vox, y por alguna de las defensas, que con probabilidad serán retrasados hasta después de escuchar a los testigos de las acusaciones.