La secretaria de Acción Institucional de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, presentó la iniciativa denunciando que 30 excargos del Gobierno de Mariano Rajoy están situados en los consejos de administración de empresas del Ibex-35 y que los expresidentes José María Aznar, Felipe González y Leopoldo Calvo-Sotelo también acabaron en uno.

Desde el enfoque opuesto, apuntó que 34 de las 35 empresas del Ibex tienen a expolíticos en sus consejos, e insinuó que esto podría tener que ver con el trato fiscal favorable a estas grandes corporaciones.

Por todo ello, considera necesario regular y ajustar las posibles incompatibilidades y que "el comportamiento del sector público y el privado no se vea alterado por las puertas giratorias".

Unidos Podemos propone la creación de organismos y figuras independientes que regulen estas prácticas y vigilen el impacto que puedan tener en las políticas públicas, en aras a que éstas "miren a la mayoría de la gente".

Elizo aclaró que el delito nuevo que prevé esta iniciativa se reservaría para los delitos más graves, con una pena prevista de dos a cinco años para los políticos que tomen decisiones en favor de empresas en las que hayan trabajado o vayan a trabajar; la empresa en cuestión, por primera vez también sería sancionada.

"No puede ser que decisiones políticas contaminadas por una actividad privada no tengan castigo", razonó, reconociendo que estos hechos ya están previstos en el Código Penal, pero éste específico, que existe en Francia, estima que acotará mejor el fenómeno.

Fuentes del grupo aclararon que los delitos sólo se imputarán "cuando una decisión política tiene que ver con un beneficio particular".