El Ministerio del Interior destacó, a través de un comunicado, que el texto publicado este viernes en el BOE “revisa y actualiza” la anterior estrategia contra el crimen organizado, cuyo marco de vigencia se extendía de 2011 a 2014.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska indicó que “el nuevo plan se adapta a los cambios en determinados aspectos delincuenciales, tecnológicos, sociales y de la situación internacional desde una visión integral”.

Entre sus principales objetivos destacan la desarticulación de las estructuras criminales, la reducción de sus actuaciones, dificultar la implantación de nuevos grupos, reducir el impacto de este tipo de delincuencia sobre la sociedad y contrarrestar la creciente vinculación entre terrorismo y crimen organizado.

ANTICIPARSE A LAS AMENAZAS

En este sentido, en el prólogo de esta estrategia Marlaska asegura que “el crimen organizado, por su carácter transnacional, su flexibilidad, capacidad de adaptación y obtención de beneficios ilícitos supone uno de los mayores impactos negativos en las sociedades modernas”.

Una de las novedades de esta Estrategia Nacional contra el Crimen Organizados y la Delincuencia Grave 2019-2023 es que incorpora entre sus líneas de acción “la investigación y la neutralización de la estructura económica y financiera de las organizaciones criminales”. También pone el acento en la promoción de capacidades de inteligencia estratégica y operacional para anticiparse a las amenazas.

Otros ejes de acción estratégicos pasan por la cooperación y coordinación internacional, la elaboración y la adaptación legislativa, la formación y capacitación, y la utilización de las nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI.

Esta estrategia ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional y ha sido elaborada por el Ministerio del Interior, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) de la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, en su elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones de otros expertos de los ministerios de Justicia, de Hacienda y de Economía y Empresa, así como de la Fiscalía General del Estado y del Departamento de Seguridad Nacional.