En una nota de prensa, CEAR aseguró "temer" que el objetivo declarado por la secretaria de Estado de Seguridad de “reforzar las actividades de salvamento cooperativamente” con Marruecos se traduzca en que los dispositivos españoles colaboren activamente en el retorno a este país de las personas rescatadas en las aguas de responsabilidad común.

Según CEAR, “en muchas ocasiones estas personas arriesgan su vida en el mar porque temen perderla en tierra. Devolverlas a Marruecos sin haberles dado la posibilidad de pedir asilo incumpliría la normativa internacional debido al principio de no devolución (esto es, no realizar devoluciones a países donde la seguridad de la persona podría estar en peligro)”, explicó la directora de la entidad, Estrella Galán.

Los derechos de asilo y de no sufrir tratos inhumanos y degradantes deben "primar sobre el control de fronteras", añadió, y advirtió de que las ‘devoluciones en caliente’ en alta mar que podrían producirse son una práctica contraria a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya condenó a Italia por ello.

PUERTO NO SEGURO

CEAR destacó que desde hace años "Marruecos se ha convertido en un destino forzado para personas migrantes y refugiadas", donde se han documentado en múltiples ocasiones situaciones de “absoluta indefensión y desprotección”.

Esta vulneración de derechos "afecta de forma particular a los menores y a las mujeres, que corren un alto riesgo de ser víctimas de trata", e incluye episodios de traslados forzosos hacia el sur del territorio marroquí, apuntó, para agregar que, además, podrían estar produciéndose expulsiones hacia otros países africanos.

Finalmente, CEAR destacó que Marruecos anunció hace cuatro años una ley de asilo "que sigue aún sin aprobarse y que desde finales de 2017 y durante cerca de un año la actividad de la oficina de asilo y refugio marroquí ha estado paralizada".