Así lo ha revelado Renfe este jueves, en una nota de prensa en la que explica que los juicios celebrados por grafitis contra el patrimonio de Renfe aumentaron un 32% en 2018, año en que se celebraron 66 vistas judiciales por este motivo.

Renfe, desde su Dirección de Seguridad, colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, facilitando información, la identificación de los grafiteros, con detenciones gracias a las actuaciones del personal de vigilancia que sorprende ‘in fraganti’ a los grafiteros en plena acción y con la consiguiente denuncia de todos los actos que se producen ante la autoridad competente (Policía Nacional, autonómicas y locales y Guardia Civil).

La figura del técnico en valoración de daños de Renfe y su participación como ‘perito’ es también fundamental como prueba en los juicios. Gracias a esta colaboración las investigaciones y detenciones se van incrementando. De hecho, en lo que va de 2019 el número de juicios sigue en aumento, con un 82% más de vistas.

Los 15 millones de gastos anuales que asume Renfe se reparten entre la limpieza de trenes, pinturas, agua, disolventes, traslados a talleres o movilización de personal, entre otros conceptos.

Además, a estos costes hay que sumar los gastos anuales en medios destinados en vigilancia y seguridad, que supondrían otros 10 millones de euros adicionales. Un coste total de 25 millones anuales que acaban pagando todos los ciudadanos con sus impuestos.

La mayoría de los grafitis se realizan en trenes de Cercanías. El método de accionar indebidamente el aparato de alarma de los convoyes cuando están en servicio es uno de los utilizados. Un ‘modus operandi’ que provoca molestias a los viajeros y demoras, lamenta Renfe.

Asimismo, advierte de que la retirada del servicio de los trenes pintados para su limpieza puede durar entre 1 y 7 días, dependiendo del tamaño del grafiti, afectando a la programación diaria de los trenes.