Martínez-Aldama defendió esta iniciativa como una solución perentoria mientras se toman medidas de calado que necesita el país frente al desafío de la longevidad y el envejecimiento de la población y la esperable reducción de la prestación pública, durante un encuentro para hacer balance del ejercicio 2018 en materia de fondos de inversión y planes de pensiones, y ofrecer perpectivas para el corriente ejercicio.

A juicio del presidente de Inverco, el problema de las pensiones necesita un "ánalisis técnico" y que se establezcan medidas integrales "consensuadas" con el arco parlamentario para una aplicación o con un programa con vistas al año 2030-2050, frente a todas las medidas "parciales" acordadas por los sucesivos Ejecutivos hasta la fecha.

Con datos de la OCDE, criticó que no hay conciencia del problema porque hoy el pensionista cobra de promedio el 78,7% de su último sueldo, frente al 45,1% en Europa, pero que en 2050 habrá un problema porque dicha tasa caerá al 49,2% y en Europa al 38,6%.

Entretanto demandó la extención de las ventajas fiscales ya vigentes para las rentas vitalicias a productos financieros porque cualquier sistema que se arbitre necesitará de un tiempo hasta que el ciudadano haya acopiado suficiente ahorro privado para completar su prestación pública para el retiro laboral.

LA MOCHILA AUSTRIACA SALDRÁ AUNQUE CAMBIE EL GOBIERNO

Según datos de Inverco, de los más de 4,5 billones de euros invertidos en inmuebles en este país unos 600.000 millones pertenecen a personas con más de 65 años de edad que podrían hacerlos líquidos con los adecuados incentivos para encarar dicha situación.

Martínez-Aldama valoró en este sentido dos de las medidas incorporadas por el Gobierno en su programa político y mostró su confianza de que, aunque cambie el Ejecutivo, acabarán aplicándose porque son "medidas técnicas": el impulso de los planes de pensiones y la 'mochila austriaca'.

Esta última medida, incluida por el Ejecutivo en la 'Agenda del Cambio', es una cuenta individual que las empresas construirían en favor de sus empleados, con aportaciones directas y del trabajador, para un eventual despido que, en caso de no producirse, canalizaría dicha aportación para su jubilación. La construcción de esa hucha tendría que efectuarla fuera de balance, dejando por tanto su administración a firmas especializadas como las gestoras.

Sin embargo, el presidente de Inverco, junto al responsable de Planes de Pensiones de la organización, Juan José Cotorruelo, fueron muy críticos con la falta de transparencia de los Gobiernos sucesivos, del PP y PSOE, con el problema de las pensiones.

En este sentido Cotorruelo reclamó "un gobierno valiente", con independencia de su "ideología", que informe para que la gente pueda actuar en consecuencia. "Si uno no es consciente, no puede actuar en consecuencia y la sociedad española, en general, no es consciente del problema", insistió.

Sus quejas iban dirigidas a la Carta Naranja que el Gobierno estaba obligado a enviar por ley desde el año 2011 para informar, como ocurre en otros países, a los ciudadanos sobre cuál sería su derecho de cobro de prestación pública y privada, en caso de haber contratado algún producto para tener esta última red, a fin de que con números personalizados el ciudadano sepa cual será su situación si no ahorra.

Para poner más en relevancia la situación, Martínez-Aldama indicó que en la actualidad el 60% de las familias son de integrantes con más de 65 años de edad, con fuerte dependencia por tanto de las prestaciones. "Hay que poner los foncos, la luz larga, porque para eso lo ha aprobado el Parlamento y el Gobierno por la razón que sea no está informando", se quejó.

La pauta de actuación que se debería seguir a su juicio es "primero informar, luego educar, y luego transformar comportamientos", pero teniendo claro que el desonocimiento de la realidad por parte de la ciudadanía no ayuda a resolver el problema.

Por otro lado, criticó el impuesto de transacciones financieras proyectado por el Gobierno, aunque el bloqueo a los Presupuestos Generales del Estado ha dejado en un limbo su aprobación, y pidió cambio para no perjudicar la inversión en las sicavs.

En relación a la también llamada 'Tasa Tobin' alertó de que supondría un "freno" la "potenciación de una industria de gestión de activos modélica" como es, a su juicio, la española. Sobre la ley de sicavs reclamó que se retire la exigencia de tener 100 inversores o se correrá el riesgo de que el dinero se mueva a vehículos gemelos europeos que gozan de la misma fiscalidad y carecen de esa exigencia, a su entender innecesaria porque ya el mercado garantiza la liquidez en dichas inversiones.