Junqueras niega así haber incurrido en el delito de malversación que le atribuye la Fiscalía y la Abogacía del Estado, con el argumento de que el Ministerio de Hacienda había establecido un fuerte control financiero sobre la Generalitat que incluía el control semanal de los recursos del Gobierno catalán.

"¿Se destinaron fondos públicos a la organización del referéndum?", preguntó el abogado a Junqueras: "Ninguno", respondió a la vez que se refirió sin nombrarlo a unas declaraciones que hizo el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en las que afirmó que no se había producido malversación de fondos públicos para pagar el referéndum.

Sobre el documento Enfocats descubierto por la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017 en el despacho de Josep Maria Jové, 'número dos' de Junqueras en la Consejería de Hacienda, que fue interpretado como la hoja de ruta del proceso de independencia, el exvicepresidente dijo que es un informe “extravagante” y “apócrifo”.

Ese documento es una prueba de cargo esencial para la Fiscalía que recoge la necesidad "acciones" que condujeran "a un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado".

Tras asegurar que no trató de obstaculizar la labor de la comisión judicial encargada de registrar la Consejería de Economía en ningún momento, insistió en que no conocía ese documento: "Ni lo había visto nunca ni había oído hablar de él". El registro fue ordenado por el juez de instrucción número 13 de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, que dictó varias órdenes en contra de la celebración del referéndum.

Junqueras insistió en que las personas que se concentraron en las puertas de la Consejería lo hicieron de manera "pacífica", incluso entonando el Virolai, "un himno religioso" dedicado a la Madre de Dios, contradiciendo así la versión de la Fiscalía que sitúa en ese momento los primeros escarceos violentos relacionados con el `procés´.