Explicó que se considera un "preso político" y anunció que no respondería a ninguna de las acusaciones. Además, justificó su decisión de hablar en castellano al tribunal por cuestiones prácticas y se mostró satisfecho de poder hacerse entender por todos los ciudadanos.

El presidente de la sala, Manuel Marchena, ha abierto la tercera sesión de las vistas resolviendo algunas de las cuestiones previas planteadas por las defensas. El tribunal permite a los acusados responder en catalán, pero no autoriza la traducción simultánea, sólo la sucesiva, para garantizar que todo aquel que sigue el juicio en directo pueda entender el contenido de las declaraciones, respetando el principio de publicidad de la justicia.

Para ello, el Tribunal Supremo tiene a su disposición los servicios de dos traductores que, en el caso de que los acusados decidan expresarse en catalán puedan hacer traducción sucesiva de sus palabras, es decir, que traducirían las frases de los declarantes a continuación de ser pronunciadas.

La Fiscalía solicita en total 176 años para los 12 acusados, entre los que están también la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ocho exconsellers del Gobierno que presidía Carles Puigdemont.

Junqueras está acusado de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, al igual que los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que se encuentran también en prisión preventiva. Para ellos, el ministerio público pide 16 años de cárcel.

El líder de ERC se encuentra en prisión provisional. La Fiscalía le pide 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta por rebelión y malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 12 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con malversación, es decir, que uno de los delitos no puede darse sin el otro.