Esta causa contra el coordinador general de IU nació de una denuncia de “El Pocero” contra la coalición que lidera Cayo Lara, presentada después de que esta formación reclamara en 2006 a la Fiscalía Anticorrupción que investigara las circunstancias en las que tanto el PSOE como el PP aprobaron la tramitación del PAU de El Quiñón de Seseña, donde Hernando planeó construir cerca de 13.500 viviendas.

La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, formada por los magistrados Rosa María Quintana, Ana Revuelta y el ponente Carlos Martín, ha cerrado el caso con un auto contra el que “no cabe recurso ordinario alguno”, según informó hoy IU.

En el auto, la Audiencia Provincial señala que para que una denuncia sea considera falsa es necesario, entre otras cosas, que “exista intención delictiva, esto es, conciencia de que el hecho denunciado es delictivo y falso, es decir, que la acusación o denuncia se haya hecho con mala fe del sujeto activo”.

“Los hechos que denunciaron Manuel Fuentes, Cayo Lara y Manuel Cámara no fueron inventados […] No estaban obligados a realizar una instrucción previa. Esa obligación compete a la administración de justicia. Había indicios suficientes para sospechar una actuación delictiva, que justificaban la presentación de denuncia. No obraron de forma dolosa. Nada apunta a que denunciaran con voluntario desprecio a la verdad”, dice el auto.

Además, los magistrados recuerdan las consecuencias concretas que se han derivado de la denuncia de los dirigentes de IU a Anticorrupción y señalan que “la Fiscalía, tras instruir Diligencias Informativas 5/06, terminó presentando denuncia que correspondió al Juzgado de Instrucción 4 de Illescas, únicamente contra José Luis Martín Jiménez”, que fue alcalde de Seseña en representación del PSOE entre 1999 y 2003.

“En efecto, todo indica que el alcalde de Seseña, José Luis Martín Jiménez, en el procedimiento de recalificación urbanística iniciado el 19-11-02, por parte de la empresa ONDE 2000, SL., dentro del PAU de El Quiñón, que supuso la recalificación de 1.833.147 m2, de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes, frente a los 8.000 que estaban censados en el municipio al tiempo de la presentación de dicho programa, se vio beneficiado en gran medida, teniendo un importante enriquecimiento del referido alcalde y de sus familiares directos”, dice la Audiencia.

NADA DE NADA

Los magistrados concluyen que las imputaciones hechas por los dirigentes de IU “no suponen la imputación de delitos concretos” y “ninguno recoge hechos manifiestamente falsos”.

El coordinador general de IU, Cayo Lara, se felicitó por esta decisión judicial. “La Justicia vuelve a darnos la razón por enésima vez frente al reiterado y fracasado acoso que llevamos padeciendo desde hace años”, dijo.

“No van a poder con nosotros aquellos que tratan de silenciarnos aprovechando las oportunidades que les da su dinero y un sistema democrático y judicial en el que buscan resquicios para tratar de situarse por encima de él”, añadió.