El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que deploró la confiscación de esta empresa, fundada y dirigida por una familia de origen asturiano, que desde hace 50 años trabaja “al servicio del bienestar de los venezolanos”.

El Ejecutivo subrayó que la confiscación de la empresa fue ordenada por el gobernador de Zulia, Omar Prieto, “sin respetar las leyes” venezolanas, “sin que existiese justificación que la fundamente” e “incumpliendo los compromisos adquiridos frente al Gobierno español”.

Añadió que esta decisión representa “un perjuicio directo para el sector salud venezolano y para el abastecimiento de productos esenciales que benefician a la sociedad”. También, según el Gobierno, supone “una violación del Estado de Derecho y una señal para los inversores nacionales e internacionales sobre la falta de seguridad jurídica existente en el país”.

Ante esta situación, reclamó que se cumpla la legislación venezolana y “cese la ocupación” de la fábrica para que se restituya la distribución de los medicamentos y productos farmacéuticos que necesitan los venezolanos.