El Ejecutivo procede a tomar el control de esta autopista por su situación de insolvencia y cuando se ha iniciado la fase de liquidación de la sociedad concesionaria, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Con carácter previo al acuerdo del Consejo de Ministros, se han llevado a cabo los trámites necesarios para la resolución del contrato, como los de audiencia a los interesados, informe de la Abogacía del Estado y dictamen del Consejo de Estado.

En los próximos meses se procederá a liquidar el contrato y se determinará la cantidad conocida como responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).

Con este acuerdo, pasan a ser ocho los contratos concesionales de autopistas de peaje con problemas financieros cuya resolución ha sido acordada por el Consejo de Ministros, tras los aprobados en el año 2018, correspondientes a las concesiones de las autopistas R-2, R-4, R-3 y R-5, M-12, AP-36 (Ocaña-La Roda), AP-7 (Cartagena-Vera) y AP-7 (Circunvalación de Alicante).