A tan sólo cuatro días del inicio del juicio por el 1-O en el Tribunal Supremo, Delgado escribe un artículo para el diario alemán bajo la premisa de la defensa de la Justicia. Afirma en su párrafo final que “España respeta y defiende el sagrado derecho de defensa de los políticos catalanes procesados. Pero no puede aceptar que se diga que sus autoridades reprimen las ideas o el voto”.

“El Tribunal Constitucional español, como hizo el alemán en una reciente sentencia de diciembre de 2016, ha mantenido que, en nuestra ley fundamental, como en la de Bonn, no cabe un referéndum sobre la secesión de un territorio. Eso no significa que no haya una vía democrática hacia la independencia. Esa vía existe y está prevista en la Constitución: su propia reforma”, indica.

La ministra recuerda que el pasado año se cumplieron 40 años de la entrada en vigor de la Constitución Española, tras cuatro décadas de dictadura franquista. Asume que en los últimos tiempos “algunos sectores del independentismo catalán” la han puesto en duda y han negado las garantías del sistema judicial español, llegando a interponer “demandas instrumentales en terceros países para sembrar la duda sobre la imparcialidad e independencia de nuestros tribunales”.

Sin embargo, afirma, “nuestros jueces y fiscales ostentan las más altas cotas de independencia y autonomía. Con sus limitaciones y sus problemas, la Justicia española se encuentra bien situada en la media de los países europeos. El funcionamiento de los juzgados y tribunales, así como el de su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, y el de la Fiscalía, está sometido de manera periódica a la evaluación de organismos internacionales. Y las recomendaciones de éstos siempre han sido atendidas por los sucesivos gobiernos”.

Ante los tribunales españoles cualquier ciudadano “tendrá derecho a un proceso con todas las garantías y a un sistema de recursos equivalente al de cualquier otra democracia occidental. Además, en caso de que considere sus derechos vulnerados siempre podrá acudir al Tribunal Constitucional y, en última instancia, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuyas sentencias obligan a las autoridades españolas”.

Delgado explica que el Gobierno no participa en el nombramiento de jueces ni en su destitución. Avala la independencia y autonomía de jueces y fiscales y resalta que han sido capaces de condenar a prisión a un cuñado del Rey (Iñaki Urdangarin) y a un exvicepresidente del Gobierno (Rodrigo Rato). También atribuye a los jueces “la caída de Mariano Rajoy”, que se debió “a la falta de credibilidad que un tribunal dio a su testimonio en un caso de corrupción que afectaba a su partido”.

Señala también las escasas condenas de España ante el TEDH y la consideración en la revista `The Economist´ de España como una “democracia plena”, por encima de países “a los que hace solo cuatro décadas, cuando nuestra Constitución echó a andar, mirábamos de lejos con envidia por sus consolidadas instituciones democráticas”.

Delgado concluye que “España respeta y defiende el sagrado derecho de defensa de los políticos catalanes procesados. Pero no puede aceptar que se diga que sus autoridades reprimen las ideas o el voto. El Tribunal Constitucional español, como hizo el alemán en una reciente sentencia de diciembre de 2016, ha mantenido que, en nuestra ley fundamental, como en la de Bonn, no cabe un referéndum sobre la secesión de un territorio. Eso no significa que no haya una vía democrática hacia la independencia. Esa vía existe y está prevista en la Constitución: su propia reforma”.