Según informó este viernes la Policía Nacional en un comunicado, las víctimas estaban siendo explotadas en un chalet de San Sebastián donde vivían hacinadas en literas habilitadas en la cocina, debiendo estar disponibles las 24 horas del día.

Además de dedicarse a la trata de seres humanos, la organización traficaba con sustancias estupefacientes que vendían entre los clientes. Los dirigentes de la red blanqueaban las ganancias obtenidas mediante el uso de entramados empresariales ficticios y cuentas bancarias ubicadas en el extranjero, obteniendo unos ingresos no justificados de seis millones de euros desde 2014.

La organización contaba con integrantes en España y Colombia, destino final de los beneficios obtenidos y de donde procedía la familia de la principal investigada, una ciudadana de origen colombiano.

TRECE DETENIDOS Y TRES REGISTROS

Tras analizar toda la información recabada durante la investigación, los agentes llevaron a cabo un operativo en la provincia de Guipúzcoa, logrando la detención de 13 personas y desarticulando por completo la organización criminal.

Además, los agentes llevaron a cabo tres registros domiciliarios, uno de ellos en la vivienda donde se realizaban los servicios de prostitución y otros dos en domicilios relacionados con la principal responsable.

En uno de estos registros, concretamente en la vivienda donde se llevaban a cabo los servicios sexuales, un chalet de San Sebastián, una de las mujeres manifestó estar siendo explotada por la red. Gestiones posteriores llevadas a cabo por los investigadores permitieron localizar a otra mujer que aseguró ser víctima de la organización. Ambas, de origen colombiano, han sido liberadas.

En los registros se requisaron cerca de 40.000 euros en efectivo, así como recibos acreditativos de pagos mediante tarjetas de crédito. Lo hallado por los agentes en el operativo les hace estimar que únicamente durante dos días en un solo mes la organización habría obtenido unos ingresos de al menos 7.500 euros.

Además, pudieron establecer por las averiguaciones y el análisis de determinados documentos que desde 2014 los miembros de la organización superaban los cuatro millones de euros en ingresos no justificados.