Así lo denunció este experto durante su intervención en el II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, que se celebra en Pamplona del 6 al 8 de febrero, en el Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, y que ha sido organizado por el Cermi Estatal, La Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Caja Navarra. El evento cuenta con la asistencia técnica de Fundación Koine-aequalitas y la colaboración del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, Garrigues, Thomson Reuters, el Cermin y la Asociación Eunate.

Martínez-Pujalte realizó un repaso por todos los acontecimientos que han tenido lugar hasta que se ha conseguido la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (loreg), recordando la lucha del movimiento asociativo y exponiendo hitos como el caso de Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual privada del derecho de voto, quien junto a su familia, decidió recurrir a diferentes instancias judiciales logrando una importante atención de la opinión pública.

Pese a este importante paso adelante, este experto avisó de que “no nos podemos dar por satisfechos”, e hizo un llamamiento para que se sigan mejorando cuestiones como la accesibilidad de los locales electorales. Eso sí, aclaró que “no solo se debe hablar de accesibilidad física”, sino también comunicacional, haciendo que, por ejemplo, los programas electorales de los partidos sean accesibles o incrementando la proporción de personas con discapacidad en las listas electorales para que sean un reflejo de la realidad social.

Por su parte, el profesor titular de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra, Roldán Jimeno, desgranó las principales claves de la Ley Foral de Derechos Culturales y expuso algunos de las mejoras en este ámbito en Navarra. En esta línea, ha comentado avances en materia de acceso virtual a la cultura o en entornos físicos de interés.

BALANCE DE DOS AÑOS

Previamente, tuvo lugar el panel ‘Avances y perspectivas en el desarrollo del Derecho español de la Discapacidad: balance de dos años’, a cargo del delegado del Cermi para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, y del secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad y profesor titular de Trabajo Social en la UNED, Rafael de Lorenzo.

Martín Blanco desgranó los principales logros en materia de derechos de las personas con discapacidad desde que se celebró el I Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad (Elche, 2017).

Según explicó, entre estos aspectos destaca la reciente reforma de la ley electoral para otorgar el derecho de sufragio a las casi 100.000 personas con discapacidad privadas del mismo, la modificación de la Ley del Jurado Popular para que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales y la eliminación de las restricciones existentes al derecho de contraer matrimonio por parte de las personas con discapacidad.

Además, enumeró algunas cuestiones que están en proceso en la actualidad, como es el caso de la reforma del Código Civil para acabar con la supresión de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o la “primera reforma social de la Constitución que se ha puesto en marcha en España”.

“En todas estas conquistas, la sociedad civil de la discapacidad organizada en torno al Cermi ha jugado un papel determinante, ya que somos garantes y vigilantes de la mejora colectiva”, agregó el delegado del Cermi.

Rafael de Lorenzo centró su intervención en la reforma constitucional que se ha puesto en marcha, y expresó su deseo de que pueda aprobarse definitivamente antes de que concluya la actual legislatura. “Si no fuera así, habrá que conseguir un compromiso firme de todos los partidos de que estos trabajos se van a respetar y van a ser el punto de partida para continuar su curso en la próxima legislatura”, precisó.

De Lorenzo también hizo un repaso por la situación de otros países del entorno de España en relación con el tratamiento que su texto constitucional da a las personas con discapacidad y celebró que si se aprueba la reforma del artículo 49 en los términos en los que se está trabajando en la actualidad se reforzaría ampliamente la protección jurídica de las personas con discapacidad, más allá de modificar la terminología con la que se hace referencia a este grupo social.

En su opinión, esto es así porque “ya no hablará solamente de que los poderes públicos están obligados a proteger a las personas con discapacidad, sino que reconoce a esta parte de la ciudadanía como titulares de derechos y deberes en condiciones de libertad e igualdad efectiva”.