Educación
Celaá admite que el Ejecutivo “tiene la obligación” de evitar el adoctrinamiento en las escuelas y que este es “imposible en democracia”
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, admitió este martes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la "obligación" de aplicar "todos los procedimientos legales y constitucionales a su alcance" para evitar el adoctrinamiento entendido como una "invasión en la igualdad de oportunidades y en la capacidad de libertad y de educación de los alumnos” en lo relativo a su conocimiento y capacidad de pensamiento “libre y crítico”.
Así se pronunció la titular de Educación y Formación Profesional en el Pleno del Senado en respuesta a la pregunta formulada por Salomé Pradas, senadora del Grupo Parlamentario Popular, quien se interesó por si el Gobierno tiene prevista alguna iniciativa frente al “permanente adoctrinamiento” que, a su juicio, se vive en las escuelas de Cataluña por parte del Govern de la Generalitat y de los separatistas.
Una realidad “cada vez más imperante en Cataluña” y que se repetiría en Comunidad Valenciana y Baleares “con gobiernos socialistas y nacionalistas”, apuntó Pradas para, a continuación, denunciar que los separatistas están usando los centros educativos para hacer “ingeniería social y manipulación ideológica”.
“Un adoctrinamiento perfectamente coordinado y organizado y que se utiliza como infiltración del separatismo a través de la inmersión lingüística, de manipulación de la historia, de la trasmisión de mensajes y dogmas separatistas en las aulas y de la invasión simbólica del espacio escolar por parte de los secesionistas”, agregó.
Frente a esta situación, a su entender, el Ejecutivo central ha presentado una reforma educativa en la que cede las competencias lingüísticas a las comunidades autónomas “y, por si esto no es poco, también le van a restar valor y funciones a la alta inspección educativa del Estado”, lamentó, al tiempo que precisó que observa al Gobierno “con ninguna gana de actuar frente al adoctrinamiento”.
Tras precisar que el Gobierno de Sánchez está “totalmente vendido al secesionismo” y, por ello, “no hace absolutamente nada ante el adoctrinamiento”, Pradas criticó que le vaya a dar “todo el poder a los nacionalistas” en materia lingüística.
“Se han rendido al señor Torra y todo por mantenerse el señor Sánchez en su sillón y en su querido Falcon y usted en su silla del Consejo de Ministros porque le deben estar ahí a los secesionistas catalanes y a los nacionalistas valencianos”, continuó, instando a Celaá a evitar que ambos “tengan sus manos sobre la educación”.
Para Pradas, el Gobierno está “vendiendo” a España, a su educación “y a nuestros hijos a los secesionistas catalanes”. “Actúen antes de que sea tarde, basta ya de adoctrinamiento”, espetó.
Ante tales afirmaciones, la titular de Educación replicó que la senadora, a la que llamó “verdadera doctrinaria”, no tiene “ni la menor idea” de los planteamientos de su departamento en este sentido y le afeó que, en siete años en el Gobierno, “pusieron en marcha una única iniciativa para combatir el supuesto adoctrinamiento”.
Se refirió así a lo que consideró una “bonita iniciativa” impulsada por Wert en 2013 para “españolizar a los niños catalanes, tratándoles ya por defecto de que no eran españoles”. “Esa fue su iniciativa, siete años sin poner en marcha absolutamente nada”, remachó.
Celaá puntualizó que el adoctrinamiento es una “probada manipulación de conciencias, imposible de hacerse en una democracia” y, para negar su existencia en las aulas españolas, hizo referencia a las 28 quejas sobre adoctrinamiento denunciadas por el Defensor del Pueblo entre 2017 y 2018.
Junto a ello, mencionó las 127 incidencias detectadas en este sentido en el conjunto de los 60.000 libros de texto que existen, lo que representa un 0,2% del total, así como el comunicado que emitió el gremio de editores en diciembre “negando que los manuales escolares adoctrinen”.
“Si tiene pruebas de adoctrinamiento, llévelo a los tribunales porque, afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y está suficientemente preparado como para atender su demanda”. “Por tanto, a los tribunales”, finalizó.
(SERVIMEDIA)
05 Feb 2019
MJR/gja