En un auto de 145 páginas, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la pertinencia de las pruebas propuestas por las acusaciones y defensas, en la llamada `causa del procés´. Entre los centenares de testigos que el Tribunal acepta figura el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; el expresidente de la Generalitat Artur Mas; el lehendakari, Iñigo Urkullu; el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent; diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardá; la excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal; la alcaldesa de Barcelona Ada Colau; y el exdelegado de Gobierno en Cataluña Enric Milló. Además comparecerán también como testigos ciudadanos que resultaron lesionados en los hechos enjuiciados, así como agentes de policía y guardias civiles que también sufrieron heridas.

También están llamados a declarar el exalcalde de Barcelona Xabier Trías y el que fuera major de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero. Todos ellos tendrán que testificar con obligacion de decir verdad. Trapero está imputado en la Audiciencia Nacional por la causa del `procés´ que se investiga allí y que alcanza a la cúpula de la policia autonómica en las fechas en las que se celebró el referendum del 1-O.

Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa Real, Raúl Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el “testigo por sustitución”.

Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso.

En su auto, la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo.

En total, el tribunal que va a juzgar el `procés´ ha admitido la declaración de más de dos centenares de testigos. Prácticamente, todos los propuestos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado. Montoro deberá aclarar el sentido de unas declaraciones en las que ponía en duda que se hubieran desviado fondos públicos para la celebración del referéndum del 1-O y Urkullu aclarará su labor de mediación entre los gobiernos central y autonómico.

Entre los testigos descartados por el Tribunal Supremo se incluye a Pilar Rahola, al estimar los magistrados que "son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta". Se rechaza también la prueba propuesta como testigo de Ignacio Cosidó, actual portavoz del Senado por el PP. En la resolución se indica que las dudas vertidas sobre la imparcialidad del presidente del tribunal de enjuiciamiento ya fueron hechas valer por las defensas en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial.

No ha sido declarada pertinente la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo “el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación”.

Los magistrados justifican el rechazo de esa pericial razonando que “la Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio". "Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional”, sostiene.

JUICIO TELEVISADO EN DIRECTO

Tampoco ha aceptado el Tribunal Supremo la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Los magistrados argumentan que “las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar sobre los hechos objeto de acusación”.

“En el proceso penal el testigo es examinado sobre los hechos de los que tiene conocimiento directo o referencial; el perito dictamina acerca de una materia en la que hay que aportar nociones científicas, técnicas o artísticas. No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos", explica.

El auto que hoy ha sido notificado fija en dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados: “El mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan, impone la conveniencia de esa restricción que, además, se justifica por la necesidad de que la presencia de terceros en la Sala -en eso consiste precisamente el contenido real de la garantía constitucional de publicidad- no esté exclusivamente vinculada al núcleo familiar de los procesados”.

Otra de las propuestas probatorias solicitadas por las defensas era la presencia de observadores nacionales e internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados. El Tribunal Supremo rechaza esa posibilidad con el siguiente razonamiento: “La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional”.

Precisamente por ello, dice, “ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web. La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa”.

“No existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming. La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes”, concluyen los magistrados.

Se acepta también una amplísima prueba documental así como la emisión de numeroso material multimedia propuesto por acusaciones y defensas. Los jueces han concluido el análisis de los escritos de las partes para decidir qué peticiones admiten y cuales rechazan de las que hicieron en más de 2.000 folios.

Este viernes, los nueve acusados por rebelión que están en prisión preventiva está siendo trasladados a centros penitenciarios de Madrid: Soto del Real para los hombres y Alcalá para las mujeres, para garantizar que están a disposición del tribunal en la fecha prevista de arranque de la vista oral.

El pasado miércoles, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras presentó un escrito ante el Alto Tribunal en el que se quejaba de haber conocido de manera oficiosa los plazos que manejaba el Supremo para inicial el juicio y pedía un plazo de tres semanas para poder preparar su defensa. Este plazo ha quedado reducido a dos semanas por la decisión de hoy.

En este juicio se sentarán en el banquillo el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el expresidente de ANC Jordi Sànchez; y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El Supremo explica también que tendrá habilitados los servicios de dos traductores para que puedan actuar en el juicio, tal y como solicitaron los acusados. Se tratará de un servicio de traducción simultánea.

CALIDAD DE LA JUSTICIA

El alto tribunal ve en el juicio contra un docena de líderes del `procés´ independentista de Cataluña una “oportunidad” para demostrar “la calidad de la justicia española, del Estado de Derecho y de la propia democracia, frente a la imagen que se ha querido dar por algunos y que no se ajusta a la realidad”.

Así explicitaba el presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, una de las máximas con las que el Supremo aborda la organización del que, sin duda, será uno de los juicios más importantes de su historia.

El Supremo aborda la vista con un inequívoco deseo de transparencia: la vista será retransmitida en directo y de manera gratuita de principio a fin. Hay más de 600 periodistas acreditados de 150 medios de comunicación, de los que medio centenar son extranjeros, principalmente alemanes, franceses, suizos, holandeses, estadounidenses y chinos. Todo estará a la vista. Este interés mediático sólo ha sido superado por el del juicio por los atentados del 11-M.

“Somos conscientes de que nos jugamos la calidad de la actuación del Supremo, del Estado de Derecho y de nuestra democracia”, indicó Lesmes en un encuentro con los medios que cubrirán el juicio. Aseguró que el Supremo no piensa poner en marcha ninguna campaña de comunicación específica para mejorar su imagen, porque “la transparencia y el respeto a las garantías procesales son lo que acreditará la calidad de este tribunal y de la justicia”.

“Lo que tenemos que garantizar es que el juicio se celebre con jueces independientes, que tengan una actuación imparcial y respeto a las garantías procesales de los juzgados”, aunque sus decisiones no gocen del aplauso generalizado y puedan ser criticadas, manifestó.

DIGNIDAD

El tribunal juzgador tiene la “voluntad de que se respete al máximo la dignidad” de los procesados tanto en lo relativo a los traslados como al desarrollo de la vista. El juicio se celebrará en sesiones de mañana y tarde los martes, miércoles y jueves de cada semana. El traslado desde los centros penitenciarios llevará alrededor de una hora y para evitar incomodidades se ha acordado que los 12 acusados coman en una sala habilitada al efecto en el mismo edificio del Supremo. Los siete miembros del tribunal también comerán en el edificio en la hora u hora y media que habrá de receso.

Desde las prisiones irán a los calabozos de la Audiencia Nacional, ya que el Supremo no tiene ese tipo de dependencias, y será desde allí desde donde se les traslade de dos en dos hasta la entrada de Carruajes del Supremo. Se tratará de evitar que haya público a lo largo de los 40 metros que les separarán de la sala de vistas y no está claro si el tribunal permitirá que se les retiren las esposas antes de entrar.

Durante todo el tiempo que dure el juicio la Sala de lo Penal, compuesta por 14 miembros, de los que siete forman el tribunal del `procés´, trabajará a medio gas y se concentrará en esta causa. También se han suspendido las visitas al edificio del Supremo mientras esté en marcha el juicio.