En una nota, la AMI, que agrupa a los principales editores de medios impresos y digitales en España, expresó “su más contundente rechazo” a lo ocurrido y exigió a las autoridades venezolanas la “inmediata puesta en libertad” de los informadores.

Según la organización, tales hechos son un “atropello inaceptable al Estado de Derecho, a los principios democráticos y a la libertad de prensa”, por lo que urge a las autoridades internacionales a tomar medidas que protejan a los periodistas y a sus medios en el libre ejercicio de la profesión allá donde este derecho se vulnere.

La asociación rechaza “cualquier forma de presión, coacción, censura o injerencia legal, política o económica que pueda socavar, en Venezuela y en cualquier otro país del mundo, el derecho de los ciudadanos a una información libre, veraz e independiente”.

“La labor del periodista es esencial para blindar a las sociedades de la corrupción, la demagogia, la propaganda y la desinformación. El acceso a la libertad es siempre garantía de calidad democrática”, concluye la nota.