Así lo dijo Valdeolivas en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Senado, a la que acudió para exponer las líneas principales del departamento de Empleo.

La secretaria de Estado enumeró algunas de las medidas que se están abordando, como “estudiar la reforma del despido colectivo por causas empresariales para convertir a éste en la última opción, que se garantice el verdadero diálogo entre la medida más drástica, el despido, con otras medidas anteriores que pueden anticipar esa situación, e incluso evitarla”.

Abogó por “recuperar el papel de la negociación colectiva”, puesto que con la reforma de 2012 “ha perdido su rol de redistribución de la riqueza para ser un elemento al servicio de la unilateralidad empresarial”. Se trata de dar lugar a un modelo “que permita la más amplia libertad de los sujetos negociadores”, según Valdeolivas.

La secretaria de Estado lamentó que “no hemos, todavía, revertido la fuerte precarización laboral” y apuntó que los “esfuerzos” de su departamento en este sentido se centrarán en los salarios. Tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), destacó que “hay otras muchas medidas, como ligar salarios a rendimiento y productividad”, promover una mayor transparencia salarial para evitar discriminación por razón de género, así como “equilibrar” la flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo a través del registro de jornada.

En este sentido, Valdeolivas afirmó que el objetivo con esta última medida “no es ir contra las empresas del siglo XXI, lo que queremos es perseguir a las empresas del siglo XIX”.

A estas medidas añadió otras sobre flexibilidad interna, reforzar la causalidad en el despido para “dar mayor seguridad jurídica” y canalizarlo a través de la interlocución de los agentes sociales.

Valdeolivas también citó “reformas normativas” para simplificar el menú de contratos de trabajo porque el actual “está introduciendo dispersión, caos normativo e inseguridad jurídica”, reforzar el control sobre la contratación parcial, revisar el sistema de prácticas no laborales, simplificar la burocracia en los contratos de formación y aprendizaje y la revisión de las bonificaciones a la contratación.