Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional señalaron que este departamento se opondrá, por tanto, a que el juez Pablo Ruz, a quien ha correspondido el caso, se haga cargo de la investigación sobre la desaparición de 55 niños. Así se lo expresó el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, a una representación de afectados con la que se reunió esta mañana durante casi dos horas.

La causa ha llegado a la Audiencia Nacional después de que la titular del Juzgado número 21 de Madrid, la magistrada María Concepción Rodríguez, decidiese el pasado 28 de octubre inhibirse y remitir la causa de los secuestros al Juzgado Central de Instrucción número 5, que en la actualidad ocupa el juez Pablo Ruz tras la suspensión cautelar de Garzón.

La Fiscalía rechazará la competencia al entender que los delitos habrían prescrito y que, además, los mismos no serían competencia de la Audiencia Nacional. Estos son los argumentos que el Ministerio Público comunicará al juez Ruz cuando el magistrado le solicite el informe sobre la pertinencia de investigar los secuestros denunciados.

OFICINA DE ATENCIÓN

Los fiscales consideran además que esta causa no puede resolverse por la vía penal. En este sentido, el fiscal jefe Zaragoza se comprometió ante los afectados a servir de “cauce de comunicación” con el Ministerio de Justicia y a apoyar que este departamento ponga en marcha una oficina de atención a las víctimas de los secuestros.

Las fuentes fiscales consultadas explicaron que esta oficina tendría por objeto “coordinar” las demandas de los afectados y “agilizar los trámites” en la localización de los desaparecidos.

En este sentido, los representantes de los afectos que se reunieron esta mañana con el fiscal Zaragoza señalaron que, a día de hoy, todavía se enfrentan a grandes dificultades a la hora de acceder a los datos tanto de los archivos municipales como de las clínicas en las que presuntamente se producían el robo de niños. Reclaman además que la oficina del Ministerio de Justicia elabore una base de datos con los perfiles genéticos de los afectados con el fin de poder realizar pruebas de ADN para resolver los casos en los que se haya acreditado el delito.

AUTO DE INHIBICIÓN

El auto de inhibición dictado por la jueza Rodríguez, al que ha tenido acceso Servimedia, señala que, tras dos años de investigación, “se infiere que por los mismos hechos se incoó previamente otro procedimiento en el Juzgado Central de Instrucción número 5”. Fuentes de la Audiencia Nacional han explicado que el juez Ruz conoce ya los escritos presentados por los denunciantes, aunque han señalado que el auto de inhibición no ha llegado todavía al juzgado por las vías oficiales.

La investigación remitida a la Audiencia Nacional se inició a principios del año 2009 tras la presentación de varias denuncias, que posteriormente se fueron ampliando y que en la actualidad recogen el caso de 55 desapariciones de niños.

Los denunciantes aseguran en un escrito remitido al juez Ruz el pasado 10 de noviembre que estos robos eran fruto de “las normas establecidas por Franco” así como de la “plena connivencia entre las parroquias y las autoridades políticas para entregar niños a las familias que mejor se adaptaran a la moral católica”, según se recoge en sus escritos judiciales.

MUERTES FICTICIAS

Existían diversos “modus operandi” para la perpetración de estos secuestros. Una de las modalidades más generalizada consistía en que la madre, del bando republicano, daba a luz “con anómalas prácticas y en extrañas circunstancias que terminaban con una supuesta defunción del neonato, que no era acreditada físicamente”.

Estos niños eran en realidad entregados en adopción a familias afines a la dictadura y sus verdaderos nombres desaparecían.

Algunos de los afectados defienden en cambio que estos raptos no tuvieron una motivación ideológica sino que se trataba de simples mafias que se dedicaban al secuestro de niños, a los que vendían posteriormente a particulares. En este sentido, destacan que se siguieron produciendo robos de niños al menos hasta el año 1979.

MÉDICOS Y MATRONAS

Los afectados y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, bajo la representación del abogado Fernando Magán, han aportado a la Audiencia Nacional una base informatizada con los datos de las personas afectadas por estos robos, así como una relación nominal de los presuntos responsables de los secuestros.

Entre estos presuntos responsables se encuentran varios médicos, algunos de ellos todavía en activo, y que durante la dictadura trabajaron en clínicas como San Ramón y O’Donnell, ambas de Madrid, o Santa Isabel, en Valencia.

TRIBUNAL SUPREMO

El juez Ruz, una vez reciba oficialmente el auto de inhibición del Juzgado 21 de Madrid, deberá pedir al departamento de Javier Zaragoza un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para iniciar una investigación.

Si el magistrado decide finalmente que la Audiencia Nacional no es competente para hacerse cargo de la causa, elevará previsiblemente un conflicto de competencia al Tribunal Supremo para que sea este órgano jurídico el que decida quién debe investigar los secuestros.

El Alto Tribunal tiene ya sobre la mesa dos conflictos de competencia –que se han acumulado en una misma causa- relativo uno a unas fosas comunes situadas en El Escorial (Madrid) y otro a la fosa de la provincia de Granada en la que se suponía que estaban los restos del poeta Federico García Lorca.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado mes de marzo suspender la tramitación de este procedimiento hasta que no se resuelva la causa que el alto tribunal tramita contra el juez Garzón por sus investigaciones.