Así se ha manifestado Victoria Ortega en una entrevista con ‘Cermi.es semanal’, en la que subraya el compromiso creciente de estos profesionales con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. “Prueba de este compromiso es que más del 40 por ciento de los Colegios de Abogados incluyen en sus organigramas la protección de las personas con discapacidad mediante la configuración de los coordinadores de discapacidad”, ahonda.

En relación a las barreras de acceso a la Justicia que todavía sufren las personas con discapacidad, Ortega afirma que es muy importante promover la formación sobre la problemática de las personas con discapacidad en su acceso a los tribunales para conseguir que todos los profesionales jurídicos estén concienciados sobre esta cuestión y se adecuen los diferentes procedimientos.

En este sentido, pone en valor la iniciativa impulsada en Asturias para que se pueda adaptar una sentencia judicial a lectura fácil cuando esté involucrada una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, proyecto que según ha explicado, se extenderá otras comunidades autónomas con la colaboración de los colegios de abogados.

“No quiero olvidar a los abogados y abogadas con discapacidad. Debemos sensibilizarnos sobre su situación, sobre las barreras que tienen que superar y conseguir soluciones para que puedan ejercer su labor en igualdad de condiciones que el resto de compañeros”, añade.

AVANCES Y CUESTIONES PENDIENTES

Por otro lado, la presidenta del CGAE muestra su satisfacción por el hecho de que se haya aprobado recientemente una reforma de la ley electoral para otorgar el derecho de sufragio a las casi 100.000 personas que estaban privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo.

Asimismo, califica de “avance en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad” la tramitación de un anteproyecto de ley por el que se elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual y se promueve su capacidad de obrar, en línea con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En virtud de este tratado de Naciones Unidas, de obligado cumplimiento por parte de los países que lo han ratificado, entre los que se encuentra España, plantea la necesidad de acabar con los internamientos involuntarios y con las esterilizaciones forzosas, práctica que sufren especialmente mujeres y niñas con discapacidad.

Precisamente, Victoria Ortega se refiere también a la mayor exposición a las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, indicando que “es indispensable que la sociedad tome conciencia sobre este problema y la necesaria puesta en marcha de medidas por las administraciones para establecer recursos de protección y prevención de violencia para estas personas”. Además, subraya la labor de los colegios de abogacía para luchar contra este problema y todas las formas de discriminación.

Por último, Ortega ensalza el importante grado de interlocución entre el Consejo General de la Abogacía Española y el sector social de la discapacidad organizado en torno al Cermi, destacando la colaboración del Cermi en el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española para mejorar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, iniciativa que se seguirá desarrollando durante 2019.

En esta línea, muestra su satisfacción por el hecho de que el Consejo General de la Abogacía y la Fundación Abogacía hayan sido distinguidas en 2018 con el ‘Premio cermi.es’ en la categoría Acción Social por su contribución a la difusión de la Convención Internacional de la Discapacidad entre los abogados. “La concesión de este premio supone un incentivo, y también un nuevo reto, para afrontar con renovados esfuerzos el compromiso de toda la Abogacía en la defensa y protección de los derechos de colectivos especialmente vulnerables o que presentan dificultades extraordinarias en su acceso a la justicia”, finaliza Ortega.