En un comunicado, el sindicato destacó que el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado entre el Gobierno anterior y los sindicatos el pasado mes de marzo, supuso un “hito” para la Función Pública y ayer, martes, el Congreso de los Diputados convalidó el real decreto-ley por el que se aprueba la subida salarial de al menos un 2,25% para este año.

Pese a ello, el secretario general de la FeSP-UGT, Julio Lacuerda, admitió que en el sindicato existe un “grado elevado de desconcierto”, puesto que el Gobierno “ha cogido la cuerda del señor Montoro en materia salarial y lo ha cumplido estrictamente”. En este sentido, UGT se preguntó si el Ejecutivo actual “quiere conformarse con un acuerdo heredado o va a dar un paso más”.

Lacuerda explicó que todavía quedan numerosas materias contempladas por el acuerdo que tienen que negociarse en sus respectivos ámbitos y existe un “conflicto permanente” en las mesas de negociación. Citó la jubilación anticipada y parcial, la jornada laboral o los planes de igualdad como materias que aún están pendientes de desarrollarse.

Como conflictos “reseñables”, UGT se refirió a los 7.000 empleados públicos en embajadas en el extranjero que no ven subir su salario desde 2009, o el de Prisiones, que afecta a 23.000 trabajadores y piden la homologación de las condiciones de los trabajadores en todos los centros.

Lacuerda lamentó también la “excesiva judicialización” de la Función Pública, puesto que existentes interpretaciones diferentes de la legislación y “casi todo se tiene que resolver en los tribunales”.

UGT glosa sus peticiones en materia de Función Pública en 25 medidas, entre las que destacan incrementos retributivos que garanticen el poder adquisitivo, la supresión de la tasa de reposición y el rejuvenecimiento de plantillas, la negociación de la jornada laboral de 35 horas semanales sin condicionantes, recuperación de la jubilación parcial, la supresión de ERE para el personal laboral o el incremento de partidas destinadas a acción social.