El grupo confederal liderado por Pablo Iglesias allanó el camino a la norma en el último momento con un cambio en el sentido de su voto, ya que durante el debate había anticipado que sería negativo y de rechazo al texto al igual que con el decreto de la reforma de la vivienda y el alquiler, que obligará al Gobierno a replantearse el decreto.

Un cambio de guión que ha permitido que el decreto salga finalmente adelante con el apoyo de 177 diputados, frente a 138 'noes' y 31 abstenciones.

La defensa de la norma correspondió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al encontrarse la titular de Economía y Empresas, Nadia Calviño en Bruselas en el Ecofín. En su intervención Montero detalló que el Real Decreto que iniciará la creación de la nueva estructura dota de mayores herramientas al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones para intervenir en casos de detectar riesgos excesivos.

Según afirmó, crear el nuevo esquema es "una necesidad" tras constatar que los sistemas y herramientas existentes hasta ahora han sido incapaces de prevenir riesgos y gestionarlos, y con su puesta en marcha se podrá "actuar antes de que se produzcan consecuencias inevitables" y evitar la "destrucción masiva de empleo" como el sufrido durante la crisis.

A su juicio su puesta en marcha se hace más necesaria, incluso, ahora porque el mundo "es cada vez más complejo" haciendo que los problemas financieros conviertan las crisis en "mundiales" y sistémicas.

La normativa llevada a la Cámara habilita al Banco de España a limitar la exposición de las entidades en créditos, a ciertos sectores económicos como podría ser el inmobiliario, en sus inversiones en títulos de renta fija o derivados, y le capacita para fijar mayores colchones de capital llegado el caso.

La CNMV también podrá limitar las exposiciones en las firmas de inversión e imponer mayores colchones de liquidez para que puedan atender reembolsos de partícipes si se producen tensiones de mercado. Seguros podrá a su vez evitar la transferencia de riesgos o activos en carteras entre entidades aseguradoras o, incluso, por reaseguro.

De forma paralela, el Gobierno ultima una nueva norma que dará luz a la nueva autoridad macroprudencial encargada de definir riesgos, monitorizarlos y llegado el caso lanzar alertas o aconsejar, incluso, la aplicación de medidas a los supervisores para que actúen, ya que la capacidad de intervenir continuará siendo potestad última del Banco de España, CNMV y Seguros como hasta ahora.

En esa fase de debate Unidos Podemos mostró un rechazo frontal que luego no se tradujo en un veto. El portavoz de la formación, Alberto Montero Soler, aseguró que el decreto ley "se queda corto en los instrumentos que propone", "vuelve a privilegiar a las grandes entidades frente a las pequeñas", "peca de optimismo" en cuanto a su capacidad de prevenir y atajar crisis, y le criticó por no haberlo negociado.

Montero se apoyó en la conclusiones de la Comisión de Investigación de la Crisis financiera para asegurar que, como defendieron varios de los intervinientes en la misma, el hecho de que no se pinchara la burbuja inmobiliaria "no fue un problema de herramientas" sino "de voluntad para utilizarlas" por parte de los supervisores porque "estaban capturados" por las entidades financieras y ciertas autoridades.

PODEMOS DICE QUE "SE QUEDA CORTO"

A su juicio, la nueva autoridad macroprudencial debería incorporar otros útiles al margen de los propuestos como colchones sobre los activos sin ponderar para no penalizar a las pequeñas entidades financieras frente a las grandes.

El diputado del PP, Miguel Ángel Paniagua, afeó al Gobierno abusar del recurso a los decretos ley para regular y "despreciar" al PP para negociar las normas, y criticó que el decreto de la autoridad macroprudencial "no profundiza en nada" distinto a lo que han recomendado los organismos internacionales.

En este sentido desveló, antes de votar en contra, que el PP trabaja en una proposición de ley que ahonda en la reforma de los esquemas supervisores, sugiriendo que apostaría por el modelo 'Twin Peaks', con las funciones de supervisión separadas en dos grandes áreas: de solvencia por un lado y de conducta de mercado por otro.

El diputado del PSOE, Gonzalo Palacín, defendió la urgencia de diseñar el esquema recordando que ha sido una demanda de los organismos internacionales como el FMI o la Junta de Riesgo Sistémico, siendo España el único país europeo, junto a Italia, que hoy carece de esta autoridad.

"Será positivo a corto y medio plazo", aseguró Palacín, apelando al apoyo de los partidos, a los que dijo respetar que no compartan la forma con la que se regula pero aseguró que coincidían en el fondo. "Les instamos a dejar de un lado las posiciones partidistas y atender a las peticiones que han hecho los organismos internacionales", indicó.

Casi todos los partidos reprocharon el uso del decreto ley, que evita participar en el texto y aportar sus iniciativas, bajo el argumento de que urge su tramitación.

En este sentido, el diputado de Ciudadanos, Rodrigo Gómez García, reconoció que "llegamos tarde" porque España es uno de los dos únicos países europeos que carece de esta autoridad macroprudencial, pero cuestionó que sea justificable la urgencia. "¿Me quiere decir usted que nuestro sistema financiero está en un riesgo inminente tal que es necesario aprobarlo por decreto ley? ¿Estamos ante una crisis inminente? Si no es así no se justifica la tramitación por decreto ley", le lanzó a la ministra.

Gómez dijo que la formulación presentada "no gusta demasiado" a Ciudadanos porque carece de independencia al estar adscrito al Ministerio de Economía, y no se prevé en sus órganos de decisión "personas independientes que aporten otra visión". "No hemos aprendido o no hemos querido aprender nada del rescate bancario" que ha costado 60.000 millones de euros y se produjo por la "politización" de las cajas de ahorros y de los órganos supervisores, reprochó.

Otros partidos como PdCat, Coalición Canaria y PNV mostraron su apoyo, aunque reprocharon al Gobierno que no llevase al Congreso una norma que ya incluya la creación de la autoridad macroprudencial y lo deje para un desarrollo posterior, y limitar el decreto a reforzar las competencias de los supervisores.