Así lo manifestó el presidente de esta organización, José Moyano, en la presentación del informe ‘Entorno económico e institucional del sector del libro de texto’ del catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid Juan José Durán.

Moyano admitió que esta circunstancia es “bastante preocupante y delicada” para el sector, dada la “consecuente incertidumbre” que provoca como consecuencia, entre otras cuestiones, “del incumplimiento, en algunos casos, de las mismas normativas que afectan directamente a la actividad productiva”.

“Las consecuencias de la intervención irregular y, en algunos casos, manifiestamente ilegal por parte de las administraciones públicas plantean serias dificultades para seguir invirtiendo”, matizó, al tiempo que instó a “no olvidar la importancia de estas empresas, tanto a nivel económico como cultural y estratégico por su puesta en valor del idioma y de las lenguas cooficiales del Estado”.

En este punto, reconoció que las comunidades autónomas gobernadas por partidos “progresistas, neoliberales o populistas no necesariamente se diferencian unas de otras a la hora de aplicar sus principios ideológicos en normativas”. “Ni tan siquiera es necesaria la alternancia política, porque el mismo gobierno cambia de modelo según distintos criterios en cuanto a las políticas de financiación y ayudas a la adquisición de material”, insistió, poniendo como ejemplo el “espectáculo vivido con el no pacto de la educación”.

Tras precisar que, ante este escenario “planificar a medio plazo es imposible en este país”, también se refirió al caso de Murcia, donde la puesta en marcha de la ley de gratuidad “sin desarrollo normativo” implicó, según sus cálculos, la desaparición de 150 librerías el año pasado.

Asumió que, entre otros asuntos, esa “diversidad está incrementando los costes de producción y edición y se está llegando a la tormenta perfecta que hace difícil la planificación de nuestra actividad”.

“El problema es que no sabemos cuál es el mejor modelo”, y la falta de estructuración “va, además, en contra de la innovación pedagógica”, afirmó para, a continuación, invitar a la Administración a “tomar cartas en el asunto” para “poner orden y aplicar el sentido común”.

“El país lo necesita urgentemente y las empresas van a desaparecer si no se toman medidas”, auguró, al tiempo que abogó por establecer ayudas en función del nivel de renta, medida que consideró la “menos lesiva y más adecuada”.

FALTA DE LIDERAZGO

En la misma línea, el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, reivindicó “un liderazgo y que cada administración cumpla”. “No es un problema de norma, sino de conducta, se trata de poner orden y sentido común”, indicó.

A este respecto, rechazó que la ley haya “permitido” que cada comunidad aplique “el calendario que quiera, la forma y el ritmo en el que enseña, que son distintos en cada comunidad y eso tiene un coste económico”.

Ávila apostó por un único sistema nacional de gratuidad. “Solo un modelo, que sea económicamente sostenible y basado en ayudas directas en función de las circunstancias familiares, porque es injusto que se la demos por igual a personas que son desiguales, porque cuando trato igual al hijo de Botín que al de un inmigrante, estoy fastidiando al hijo del inmigrante”, puntualizó.

Finalmente, el autor del informe sobre ‘El entorno económico e institucional del sector del libro de texto’, el catedrático Juan José Durán, lamentó las “disfunciones y la falta de coordinación” no solo entre las diferentes administraciones implicadas, sino también “entre los grandes partidos políticos”.

“Cómo no se ponen de acuerdo en un tema como la educación”, se preguntó, seguro de que dichas “disfunciones y esa coevolución dispar no es que llegue a desacoplamientos, pero casi”. “Y al final, los costes de encontrar puntos de convergencia y de alcanzar mayores cotas de eficiencia y eficacia podrían ser más altos, pero debería ser lo contrario”, concluyó.