"No hay ningún tipo de discriminación o tratamiento de favor a ninguna comunidad autónoma. Lo que hay es cumplimiento de la legalidad", defendió en una entrevista en la Ser.

La ministra se quejó de que se ponga "mucho foco" en la inversión territorializada, cuando hay muchas partidas de gasto que benefician al conjunto de las regiones, y justificó que se haya disparado la inversión real en Cataluña o Andalucía porque sufrían infradotación frente a lo establecido en sus estatutos.

En el caso de Cataluña, recibía el 13,3% de la partida total, frente al 18% que su economía aporta al Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

"Este Gobierno tenía vocación de cumplir con los Estatutos de autonomía. Me parece de lógica si todos hemos votado los estatutos", se defendió frente a las críticas de que se ha beneficiado a Cataluña para ganarse el favor y el apoyo de los partidos nacionalistas.

En este sentido confesó que le "cuesta" entender que no lo apoyen "cuando se están planteando más recursos para Cataluña", con mejoras para la sanidad o la educación, además justo cuando la región está sufriendo protestas de la ciudadanía por el "deterioro que han sufrido los servicios".

"¿Cómo se pueden resistir a apoyar unas cuentas públicas con reivindicaciones políticas que están en otro plano de demanda?", interrogó, apelando a apoyarlas con el argumento de que dicha demanda política además "cansa a los ciudadanos", que lo que desean es "notar que la recuperación económica llega a su piel, llega a su familia".

EXTREMISMOS

En este sentido, dijo que precisamente si la ciudadanía no ve que la política está para "intentar, al menos, solucionar sus problemas" no lo entiende y surgen los autoritarismos y extremismos.

Según Montero, las cuentas formuladas "son buenas" porque "mejoran la vida de los ciudadanos y la vida de la gente" y recogen las principales demandas de todas las comunidades autónomas, por lo que PP y Ciudadanos deberían facilitar su tramitación aunque sea absteniéndose en el Congreso y sin votar en contra.

La ministra refirió que la primera labor antes de su redacción ha sido desactivar los "muchos artefactos" que había dejado su predecesor Cristóbal Montoro y entre los que citó que acordase revalorizar al 1,6% las pensiones o bonificar el transporte de las Islas en un 75% sin asignar partidas para cubrir su gasto.

"Nosotros hemos sido bastante más prudentes y haciendo un presupuesto más realista y asentado sobre el terreno", aseguró cuando se le cuestionó sobre la posible sobreestimación de los ingresos.

Al respecto, defendió que presentan un aumento de los ingresos similar al alrededor del 7% que proyectaba el Gobierno del PP, incluso con bajadas de impuestos, reforzando la capacidad recaudatoria con varias figuras fiscales nuevas (tasa Google o a las transacciones financieras) o subiendo la fiscalidad a las empresas.

La ministra afeó que en la etapa de Montoro "de promedio se dejaban de ingresar unos 5.000 millones" al año de los presupuestados.