Así lo manifestó en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en la sede del Ministerio en Madrid, que contó con representación de todas las autonomías, participación que aplaudió Celaá, aunque la Generalitat no envió a Madrid al titular de Educación, sino al secretario de políticas educativas catalán, Carles Martínez Quiroga.

“Nuestra propuesta es constitucional y ampara la España de las autonomías. Respeta la separación y diversidad que tenemos en el Estado”, agregó, refiriéndose además a que las propuestas que se han develado por parte del PP le parecen “peticiones que van hacia atrás” y “que sirven a un propósito coyuntural lo que es hoy una meta política general más que a servir los propósitos de la educación”.

La ministra también resaltó que la consulta realizada a los representantes autonómicos este miércoles es “preceptiva pero no vinculante”, aunque la propuesta de Ley en la que está trabajando recogería aportaciones realizadas al Ministerio por la comunidad educativa en más de 40.000 correos electrónicos, las de 40 organizaciones sociales, las propuestas de la comisión general con los gobiernos autonómicos del pasado 11 de diciembre y del “máximo órgano de representación de la comunidad educativa”, el Consejo Escolar, que se reunió este martes y que rechazó el 80% de las enmiendas presentadas, aunque aceptó incorporar unas 70.

ENMIENDAS DEL CERMI

Entre ellas, subrayó Celaá, en la línea de fomentar una “educación personalizada” hay un compromiso del Ejecutivo de incorporar “con aprecio” varias enmiendas propuestas por el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi). “Es una ley que apuesta por la inclusión. No es una igualación por abajo, obliga a todo el sistema a hacer un esfuerzo. No sólo al que se queda estancado, sino a todos los servicios del sistema”, añadió.

En cuanto a los plazos, el Gobierno no cree pertinente que el Consejo de Estado tenga que dar el visto bueno al texto definitivo de la reforma educativa de Celaá para derogar la Lomce antes de que llegue a debatirse en el Congreso de los Diputados. “Lo estamos haciendo sin pausa pero sin prisa”, dijo, apuntando a que podría llegar al Parlamento a finales de mes o principio del siguiente.

Esto sería posible si el Gobierno no espera la valoración del Consejo de Estado. Según manifestaron fuentes educativas presentes en la Sectorial, ese organismo debería pronunciarse en un plazo que oscila entre el mes y medio y los tres meses (según la urgencia) antes de que el Gobierno lleve el texto en segunda lectura al Consejo de Ministros como antesala a su debate parlamentario. “No hay porqué esperar al informe del Consejo de Estado. No es preceptivo para esta ley”, zanjó la ministra.

Según explicó el subsecretario de Educación, Fernando Gurrea, “no es obligatorio para esta ley” porque “hay ya dos informes muy elaborados por parte del principal órgano consultivo del gobierno en la aprobación de la LOE y la Lomce”. “Está más que visto por el Consejo de Estado”, aseveró, aunque dejó la puerta abierta a que el Gobierno estudie pedir un nuevo informe a ese órgano.

OBJETIVOS

La ministra indicó que la reforma presentada este miércoles a los consejeros (según fuentes ‘populares’ el texto que les entregó el Ministerio era del 19 de noviembre y no incorporaba todas las propuestas a las que se refirió Celaá), “arranca del objetivo de la LOE de obtener el máximo potencial del alumno pero mira a los desafíos de la Agenda 2030” de la Unesco.

En concreto, desglosó que contempla un refuerzo de la educación infantil, reforzando los derechos de la infancia y reconociendo el interés superior del menor que reclama la ONU. El texto también ofrece un “enfoque transversal de la igualdad de género a través de la coeducación”, fomentando en todas las etapas la igualdad, la prevención de la violencia de género y la educación afectivo-sexual, con una “perspectiva inclusiva y no sexista”.

Además, Celaá defendió que su propuesta elevará los resultados de todos los estudiantes, con “más personalización del aprendizaje”. Respecto a la educación en castellano en comunidades con otras lenguas oficiales, Celaá dijo que su propuesta es “absolutamente constitucional”.

Junto a Celaá también estuvo el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que explicó que mantendrá reuniones con los ministerios de Trabajo y Ciencia y Universidades y la Crue para abordar la reforma de las prácticas de los alumnos de FP.

Tiana también explicó que “el Ministerio no contempla” la retirada de su anteproyecto, como solicitaron representantes de los gobiernos autonómicos del PP en la reunión de la Sectorial.