Así consta en el informe sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social emitido este miércoles, en el que el organismo constata un déficit estructural en el Sistema entre un 1,3% y un 1,5% del PIB. “Es factible y deseable que dicho desequilibrio sea asumido por el Estado, y cerrar esta brecha, ya que visualizarlo como un problema de las administraciones públicas permitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad de la Seguridad Social”, según el informe.

En concreto, la Airef plantea a corto plazo reducir el tipo de cotización por desempleo entre tres y cuatro puntos en favor de la cotización por contingencias comunes (pago de pensiones), y por tanto, de la Seguridad Social, asumiendo el Estado esa pérdida de ingresos para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Fuentes de la Airef consideran que “existen gastos cuya propia naturaleza contributiva es discutible”. Aseguraron que el tipo global actual se mantendría invariable, tan solo habría una “redistribución” dentro del mismo de cara a variar su destino en las cuentas de la Seguridad Social.

A esta propuesta se suma también el traspaso al Estado de gastos no contributivos que actualmente soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, de medidas de fomento del empleo consistentes en la reducción de cotizaciones, de las prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones implícitas a regímenes especiales.

Con esta iniciativa y según el análisis de la Airef, el déficit del Estado pasaría a incrementarse hasta el 2,2% del PIB, tras asumir el déficit promedio del 1,4% de la Seguridad Social.

A largo plazo, la Airef plantea profundizar en la reforma de 2011, que modificó parámetros como la edad o la carrera de cotización a considerar para el cálculo de la pensión. En particular, propone fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación en España, que se sitúa en los 62,4 años actualmente, frente a los 64,3 años de la media de la OCDE, y que el periodo de referencia para el cálculo de la pensión aumente más allá de los últimos 25 años, periodo en el que se convergerá en 2022 como consecuencia de la reforma de 2011.