La iniciativa propone “una regulación específica dentro de la Ley de Propiedad Horizontal” que permita "poner límites" a esta modalidad de alojamiento en las comunidades de propietarios.

Los populares plantean también modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para “clarificar el carácter diferenciador de alquiler turístico y arrendamiento de temporada”.

La proposición pide que Fomento elabore una “guía regulatoria de viviendas turísticas” que incluya un estudio del impacto socioeconómico de este negocio en España y un análisis de la situación del mercado del alquiler en las principales ciudades afectadas por este fenómeno.

Para el PP, la Administración central tiene que tomar cartas ante este "fenómeno creciente", porque en este momento hay “17 comunidades autónomas con 17 regulaciones distintas de vivienda vacacional”.

“Esta situación está produciendo en muchas ciudades españolas un aumento considerable de los precios del alquiler, está fomentando reconversiones de usos residenciales a turísticos, e incluso provocando inversiones inmobiliarias que, en base a altas rentabilidades, adquieren inmuebles de uso residencial para su conversión a uso turístico”, señala la proposición, a la que ha tenido Servimedia.

“Entendemos que tal circunstancia, como actividad económica, sujeta a fluctuaciones, no debe considerarse ni como la principal causante del incremento de los precios de alquiler (se debe entender como desequilibrio entre oferta y demanda), ni como competencia desleal al sector hotelero”.

El PP cree que el piso turístico constituye “un modelo alternativo, de trascendencia mundial, que tendrá que concretar sus propios parámetros, que ha llegado para quedarse, y que tendrá que regirse por sus propias normas”.

“Entendemos, por tanto, que hay que establecer un marco general de condiciones necesarias para que esta economía funcione sin interferir gravemente en nuestro modelo social. Asimismo, creemos que es preciso mejorar la seguridad jurídica del desarrollo de la actividad, definir claramente desde la legislación estatal los factores diferenciadores entre lo que es el uso residencial y lo que es la actividad turística a la vez que la convivencia entre ambas, y acotar la actividad de alquiler turístico a lo que establezca la legislación turística de las comunidades y la ordenación urbanística de los ayuntamientos”.

El PP subraya que es preciso establecer “un marco regulador seguro” que permita que la actividad de alquiler turístico se desarrolle “con el máximo de garantías para conseguir un equilibrio social y económico en núcleo poblacional donde conviven residencia y turismo, lograr un prestigio del destino, y un equilibrio entre condiciones de arrendadores y arrendatarios”.