La Cámara Alta ha convocado una sesión plenaria extraordinaria para las 16.30 horas, después de que la pasada semana el Pleno de la Cámara Baja aprobara, con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDECat, Compromís y Nueva Canarias, una nueva senda de déficit y deuda que permitiría un aumento de 6.000 millones en la capacidad de gasto para 2019 para el conjunto del Estado. Dicha cantidad, equivalente a las cinco décimas que aumentaría el objetivo de déficit, se repartiría con 2.500 millones para la Seguridad Social, 2.500 para las comunidades autónomas y 1.000 para la Administración central.

La votación del Senado llega antes de que se haya acometido la reforma de la Ley de Estabilidad, actualmente en tramitación en el Congreso, con la que el Gobierno quiere eliminar de dicha norma la capacidad de veto del Senado, donde la mayoría del PP impide sacar adelante la nueva senda. En concreto, el artículo 15 de la Ley de Estabilidad obliga a que los objetivos de estabilidad deban ser aprobados tanto por el Congreso como por el Senado, cuando lo habitual es que cuando la Cámara Alta rechaza alguna iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, ésta última pueda levantar el veto.

En este sentido, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, han reclamado en los últimos días al PP que respete la decisión del Congreso de los Diputados, al ser la cámara donde la Constitución establece que reside la soberanía popular, y apruebe la nueva senda.

DÉFICIT

El ‘no’ del Senado a la senda de déficit y deuda que propone el Ejecutivo socialista obligará al gabinete de Pedro Sánchez a diseñar el proyecto de cuentas públicas de 2019, que presentará en enero, sobre los actuales objetivos que dejó fijados el anterior Gobierno del PP. En tal caso, el gasto previsto en las cuentas públicas será 1.200 millones menor respecto al propuesto por el Gobierno socialista, al contar la Administración central con una décima menos de déficit.

En concreto, la nueva senda propuesta por el Gobierno prevé un déficit del 0,4% para la Administración central, del 1,1% para la Seguridad Social y del 0,3% para las comunidades autónomas, con equilibrio en las entidades locales.

De cara a 2020, el objetivo propuesto por el Gobierno para el conjunto de las administraciones públicas será del 1,1%, con un reparto del 0,1% para la Administración central, del 0,1% para las comunidades autónomas, del 0,9% para la Seguridad Social, y equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

En cuanto a 2021, el objetivo es que el déficit sea del 0,4% y que este recaiga exclusivamente en la Seguridad Social, mientras que se espera que el resto de administraciones tengan equilibrio.

DEUDA

En lo que se refiere a los objetivos de deuda, para 2019 se situaría en el 96,1% del PIB, con un reparto del 70,1% para la Administración central y la Seguridad Social, del 23,7% para las comunidades autónomas y del 2,3% para las corporaciones locales.

En 2020 el objetivo global sería del 94,1%, con un 68,9% para la Administración central y Seguridad Social, un 23% para las autonomías, y un 2,2% para las corporaciones locales. En 2021, el objetivo de deuda se sitúa en el 91,5%, con un 67,2% para Administración central y Seguridad Social, un 22,2% para comunidades autónomas y 2,1% para las corporaciones locales. En cuanto a la regla de gasto, la tasa de referencia nominal para 2019 será del 2,7%, mientras que en 2020 sería del 2,9% y en 2021 del 3,1%.