El detenido, M.E.M, de 33 años de edad y nacionalidad marroquí, es un presunto combatiente yihadista que abandonó Marruecos en mayo de 2014 para integrarse en las filas de Daesh.

Según el comunicado de la Policía Nacional, la detención se ha materializado gracias a una Orden Internacional de Detención con fines de extradición emitida por Marruecos y con la colaboración de la Diréction Général de la Surveillance du Territoire (DGST) y el Centro Nacional de Inteligencia.

Según las investigaciones, M.E.E habría realizado prácticas militares para la organización terrorista con el objeto de planificar el desarrollo de una base misiles de largo alcance en Siria.

El conocimiento adquirido en los campos de adiestramiento de esta organización terrorista en el uso de armas y su radicalismo extremo le convierten en una amenaza real capaz de llevar a cabo una acción terrorista.

Su instrucción como muyahidín, dice la Policía, le ha permitido viajar de manera ilegal por toda Europa, recalando finalmente en España. Utilizaba seudónimos y, además, como característica propia de los ‘foreign terrorist fighters’, carecía de documentación que pudiese identificarle, ya que ésta suele ser destruida cuando llegan a zona de conflicto para evitar ser reconocidos como miembros de Daesh en caso de ser apresados por las fuerzas militares.

Según las investigaciones, el detenido había accedido de forma ilegal a suelo nacional en junio de 2018 y residía en Barcelona en viviendas 'okupadas' para no dejar ningún tipo de registro. No obstante, los agentes lograron su detección, observando cómo adoptaba en sus movimientos medidas de seguridad acordes a su adiestramiento, entre otras, desandar el camino hecho o vigilar su entorno a través de los escaparates de establecimientos comerciales o de portales de viviendas.

Esta detención se enmarca en la estrategia impulsada por la Comisaría General de Información de continuar la lucha contra el terrorismo yihadista más allá de nuestras fronteras. Una muestra de cómo abordar un fenómeno delictivo global que requiere un esfuerzo que trasciende las fronteras y exige una sólida cooperación policial internacional, como la existente entre España y Marruecos. La operación ha sido dirigida por los Juzgados Centrales de Instrucción y coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.