Asimismo, fueron rechazadas las enmiendas al texto presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario Vasco y el voto particular de Ciudadanos, que solicitaba el establecimiento de sanciones en los términos del informe aprobado por la ponencia.

En el debate previo, el diputado de la formación naranja Francisco Igea recordó que en España hay más de 50.000 personas que mueren cada año “sin cuidados paliativos”. “En este país se muere mal, fuera de esta cámara lo sabe todo el mundo pero dentro no lo sabe nadie”, agregó.

“Nadie tiene derecho a robar lo único que nos queda al final de nuestra vida, que es el tiempo. La gente tiene derecho a disponer de sus últimos días a su voluntad y conveniencia”, abundó.

El sufrimiento “no es inevitable y no hay nada digno en mantener con vida a un cuerpo que se apaga”, puntualizó, para, a continuación, recordar que las personas que suspendan esos tratamientos “no serán perseguidas por hacer cumplir esos derechos”.

No obstante, en el proceso de tramitación de la ley existe, a su juicio, “un pero”, dado que una ley básica que regula “derechos de todos no puede ser respaldada por un régimen sancionador para cada comunidad autónoma”. “Los más débiles necesitan el respaldo de un régimen sancionador que haga que esta ley sea efectiva”, insistió, justificando de esta forma el voto particular de su formación.

Por parte del Grupo Mixto, Marta Sorlí (Compromís) afirmó que el dictamen “se queda corto, porque se limita a los cuidados paliativos” pero que con dicha norma los enfermos “serán un poco más libres para decidir sus cuidados paliativos”. A su entender, España da “un paso más hacia la despenalización de la eutanasia y dignifica un poco ese proceso del final de la vida”, por lo que espera que en el Senado “no se quiera desvirtuar lo poco conseguido en este dictamen”.

También desde el Grupo Mixto, Sergi Miquel i Valentí (PDECat) lamentó que la propuesta “haya quedado en un refrito de otras leyes” y criticó la “invasión competencial considerable” que representa en “puntos importantes”. En la misma línea, Carlos Salvador (UPN) reconoció que dicha norma “aporta bien poco, pero supone una meta volante en el camino del reconocimiento del derecho a matar”, puesto que, según él, es una “eutanasia encubierta, de baja intensidad” que generará “más perjuicios y equívocos que claridad e igualdad”.

Joseba Andoni Agirretxea, del Grupo Parlamentario Vasco, se mostró convencido de que si esta ley se aprueba “merecería un recurso de inconstitucionalidad” y para el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana la propuesta es “innecesaria y redundante, con el peligro de que aquellas comunidades autónomas que, desde hace tiempo, están haciéndolo bien, se encuentren con una normativa excesivamente reglamentista que lo complique”, según explicó el diputado Joan Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Amparo Botejara denunció que en España “se muere mal”, a tenor de los resultados del informe emitido en septiembre por el Consejo de Europa según el cual España solo superaba dos de los nueve parámetros valorados en torno a la aplicación de cuidados paliativos, y por ello dijo esperar que esta ley "sirva para morir mejor”.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Jesús María Fernández Díaz asumió que su formación verá “cumplir un objetivo largamente perseguido, dotar de una ley de derechos y garantías en el proceso final de la vida que permita morir con dignidad y sin sufrimiento” y que otorgará “seguridad jurídica a los profesionales".

Finalmente, Pilar Cortés, del Grupo Parlamentario Popular, calificó de “especial” esta normativa, “porque nos va a afectar a todos los ciudadanos y por el contenido”, y consideró que quedaría “incompleta sin un régimen sancionador que debe incorporarse porque da una seguridad a todos en ese momento difícil”.